Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Mar 25, 2026 - 10:43 pm
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El miércoles 25 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, denunció públicamente que personas inescrupulosas han estado contactando a los familiares de las 69 víctimas del accidente aéreo que tuvo lugar en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la mañana del 23 de marzo. Según declaraciones recogidas por El Espectador, estos individuos les exigen dinero con la falsa promesa de facilitar o acelerar la identificación de los cuerpos. El ministro insistió en que tales afirmaciones son absolutamente falsas y enfatizó que la identificación es un proceso cubierto íntegramente por el Estado, sin necesidad de pago alguno por parte de los familiares. Además, declaró que ya se tomaron acciones para identificar a los responsables de dichos ofrecimientos ilícitos, tras sostener conversaciones directas con varios de los afectados.

La intervención del alto funcionario ocurrió tras su recorrido por la sede central del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde, desde el 24 de marzo, se adelantan intensas labores técnicas y científicas orientadas a la identificación de las víctimas del siniestro del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). A la par, el ministerio señaló que toda especulación o hipótesis difundida sin fundamento sobre las causas del accidente resulta irresponsable e irrespetuosa, recordando que las investigaciones avanzan bajo estricta confidencialidad y rigor técnico.

El accidente involucró una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana que llevaba a bordo 126 personas. El desplome dejó como saldo 69 fallecidos, entre quienes se encuentran 61 uniformados del Ejército Nacional, seis aviadores de la FAC y dos integrantes del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional. La información oficial, divulgada también por El Espectador, detalla las identidades de los militares y policías fallecidos.

Entre los identificados se encuentran personal de distintos rangos, desde sargentos y cabos hasta soldados profesionales. Las labores de Medicina Legal han permitido identificar de manera paulatina a las víctimas, a pesar de la complejidad que presenta un evento de esta magnitud. La institución desplegó 12 equipos interdisciplinarios compuestos por 57 funcionarios especializados: médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajan conjuntamente para los procedimientos de abordaje, identificación y entrega digna de los cuerpos a los familiares.

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En la noche siguiente al anuncio del ministro, el Ejército confirmó la identidad de los primeros doce cadáveres, entre ellos oficiales y soldados de las distintas ramas de las fuerzas armadas implicadas. Medicina Legal, a su vez, resalta el compromiso ético y humano de su personal para garantizar a las familias respuestas oportunas y un acompañamiento respetuoso en este proceso doloroso.

La tragedia del avión Hércules ha golpeado con intensidad no solo a las instituciones armadas, sino a decenas de familias en todo el país. Las indagaciones siguen en curso y las autoridades subrayan que el Estado asume los costos de la identificación y que ningún particular debe intervenir ni solicitar contribuciones por este proceso. Las familias reciben asistencia oficial y la promesa de que las decisiones se toman conforme a la verdad y a la ley.

¿Qué funciones cumple exactamente el Instituto Nacional de Medicina Legal en casos de accidentes aéreos como el ocurrido en Puerto Leguízamo?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene un papel central durante investigaciones de accidentes aéreos en Colombia. Su principal función consiste en la plena identificación de las víctimas a través de diferentes técnicas forenses, como análisis de huellas dactilares, exámenes dentales, antropología forense y estudios genéticos. Esta labor es esencial para garantizar que los cuerpos sean reconocidos con certeza antes de su entrega a los familiares.

Además, Medicina Legal actúa de forma coordinada con las autoridades judiciales y organismos de rescate, asegurando el respeto de la cadena de custodia y permitiendo que la entrega de los restos se haga de manera digna y humanizada. Su trabajo tiene especial relevancia en situaciones como la ocurrida en Puerto Leguízamo, donde el número de víctimas es elevado y muchos cuerpos presentan condiciones que hacen difícil su identificación por métodos convencionales.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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