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En una carta conjunta, la procuradora general, Margarita Cabello, y el fiscal general, Francisco Barbosa, le solicitaron al presidente Gustavo Petro que, como comandante supremo de la Fuerza Pública, preserve el orden público en todo el territorio y en este caso, en Tierralta, Córdoba, donde funcionarios de ambas entidades fueron objetos de un ataque cuando llegaban a la zona a realizar las respectivas verificaciones e investigaciones sobre las posibles agresiones de militares a la población civil.
“Nos dirigimos a su despacho para solicitar su intervención, como comandante supremo de la Fuerza Pública, a efectos de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de nuestras instituciones”, se lee en la carta conocida este jueves.
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La misiva se conoce un día después del ataque del que fue objeto un helicóptero en el que viajaba una delegación de fiscales, defensores y procuradores a Tierralta y cuya misión era verificar el abuso de autoridad que, según han denunciado, se cometió por parte de un grupo de militares contra los miembros de una comunidad campesina la vereda Bocas del manso en ese municipio de Córdoba.
La aeronave recibió varios impactos de bala en el tanque de gasolina, por lo que el piloto tuvo que regresar y aterrizar en el cantón Militar de Carepa (Urabá antioqueño). Imágenes difundidas dan cuenta de un orificio en el tanque que, al parecer, se produjo luego del ataque. Este jueves se conoció que el Clan del Golfo se atribuyó la acción criminal.
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Este hecho fue el que motivó a los jefes de las dos entidades a hacerle un llamado de atención al mandatario.
“En tal sentido, en cumplimiento del deber que le asiste de conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo en donde fuera turbado, previsto en el artículo 189, numeral 4, de la Carta Política, demandamos, respetuosa pero enfáticamente, la adopción de medidas encaminadas a permitir que los servidores adscritos a las entidades que representamos puedan acceder de forma segura a las zonas que requieren de su presencia”, dice la carta.
Los dos funcionarios agregan que, sin las condiciones que reclaman “no se podrá hacer efectiva la protección a los ciudadanos” así como tampoco se podrán garantizar “el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pilares de cualquier Estado constitucional y democrático de derecho”.
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Sobre el caso puntal se sabe que el Ejército confirmó que los uniformados que intimidaron a la población y que se identificaron como integrantes de las disidencias, ya fueron identificados y que pertenecen al Batallón de Infantería N.33 Batalla de Junín.
Gustavo Petro, por su parte, aseguró este jueves en el acto de reconocimiento del movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva, que quienes ordenaron el ataque contra el helicóptero “es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”. Además, señaló que ningún soldado se puede prestar para este tipo de acciones.
“Ningún soldado de la patria se puede prestar para ese tipo de órdenes porque eso solo nos lleva a la barbarie y así el Ejército de Colombia no se llena de honor o de gloria, se llena de sangre”, concluyó.
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