Este domingo 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, cierra un periodo de dos semanas en las que ocurrieron varios hechos que hablan claramente de la situación de ese derecho en Colombia. Primero, se conoció el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la CIDH, en cuyo capítulo dedicado al país advirtió sobre la “creciente estigmatización de la prensa” por parte de funcionarios, principalmente el presidente Gustavo Petro, que ha “calificado a ciertos medios y periodistas como ‘desinformadores’, ‘mentirosos’, ‘criminales’, ‘vagabundos’, ‘cooptados’, ‘de oposición’ u ‘oligárquicos’”, entre otros. Segundo, el mandatario ordenó a sus ministros y altos funcionarios no hablar sobre asuntos de sus carteras sin su autorización.
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Se trata de dos dimensiones que afectan gravemente la libertad de expresión, fundamento de cualquier democracia. En el caso que advierte la CIDH es más delicado aún porque deja al descubierto el incumplimiento de un compromiso del mismo Gobierno, pues el jefe de Estado firmó en 2024 una directiva presidencial para evitar que los funcionarios, desde el presidente de la República para abajo, estigmatizaran a los medios. En el caso de la orden a los altos funcionarios, condiciona la comunicación pública de las entidades de la rama Ejecutiva, bajo el pretexto de garantizar “unidad de mensaje, coherencia institucional y responsabilidad” en la relación con la ciudadanía y los medios.
Así, por un lado, el Ejecutivo, en cabeza del presidente Petro, denigra de periodistas y medios de comunicación sin encontrar ningún límite, como este primero de mayo en Medellín, en una manifestación por el Día del Trabajo, en donde pronunció un discurso que nada tuvo que ver con la importante fecha, sino que giró en torno a tres ideas básicas (hacer un balance de su agónico gobierno, invitar a votar por Iván Cepeda [sin nombrarlo] en las próximas elecciones e impulsar su constituyente), y en el que se refirió a “la televisión de los oligarcas”.
Y, por otro, con su directiva decreta una suerte de silencio de los funcionarios, lo cual dificulta el trabajo de los medios de comunicación porque esos funcionarios se desdibujan como fuentes de cualquier información. Como no les es permitido responder de inmediato por sus actuaciones o por las acciones de las entidades a su cargo, salvo que sea a través de comunicados o declaraciones sin la intervención de periodistas, la sociedad se queda con la versión oficial sin que sea contrastada.
¿Se puede confiar en la información en manos del presidente?
De hecho, la directiva establece que la vocería principal del Gobierno será ejercida exclusivamente por el presidente de la República, encargado de fijar posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales. Pero va más allá al ordenar que los ministros y directores de departamentos administrativos deberán tener autorización expresa y previa del jefe de Estado para ejercer vocería oficial, incluso en temas relacionados con sus propias carteras. Cualquier pronunciamiento deberá ajustarse estrictamente a las orientaciones del Gobierno Nacional y mantener coherencia con la línea institucional definida por la Presidencia.
Pero la información en manos del presidente Petro (en sus dedos, para ser más precisos, por su irrefrenable uso de la red social X) ha llevado al mandatario a verdaderos fiascos, como cuando publicó hace dos semanas un video falso que simulaba una transmisión de Telemundo Ahora, en el que se aseguraba que William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘el Negro Willy’, jefe criminal ecuatoriano, había confirmado la financiación de la campaña del presidente de ese país, Daniel Noboa. “El video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores”, le dijo la cadena al mandatario, que, como si nada, procedió a eliminarlo.
Pero lo que pasó después dejó más preocupado al país reflexivo porque, como si se tratara de un menor de edad, la Presidencia de la República salió a excusar al jefe de Estado. “Revisada la publicación, se sugirió al señor presidente eliminar el trino, toda vez que el mismo no correspondía con la realidad y presenta alteraciones con inteligencia artificial, puesto que el mismo fue tomado de la misma red social”, dijo la Casa de Nariño, citada por Caracol Radio. La emisora también informó que Presidencia aseguró que la cuenta de Petro no es un canal oficial del Gobierno, pese a que a través de ella saca funcionarios, ha expuesto al país a serias crisis diplomáticas y hace señalamientos. En fin, gobierna.
En contraste, la Relatoría Especial de la CIDH señaló que persisten los desafíos estructurales sobre la independencia de los medios del Estado. “La Oficina recuerda que los Estados tienen el deber de garantizar un espacio mediático plural y diverso, incluyendo a medios de comunicación públicos”, dice el informe, y sobre RTVC (ahora Inravisión) advierte que recibió reportes de presuntas presiones para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno y denuncias sobre declaraciones de Hollman Morris, el director, que estarían dirigidas a deslegitimar a medios y periodistas que informan sobre la situación interna de la entidad.
Violencia verbal, incluso desde el Gobierno, y física contra periodistas
Algo sobre lo que también se debería reflexionar este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, es la compilación de denuncias que hizo la Relatoría Especial de la CIDH relativas a asesinatos, atentados y amenazas contra periodistas, sobre todo en zonas con presencia de grupos armados. En ese apartado, advirtió que las mujeres periodistas continúan siendo blanco de ataques con componentes de violencia de género, y señaló que se están usando procesos judiciales como forma de presión para silenciar a quienes investigan temas de interés público.
“Desde la estigmatización por parte de los altos cargos del Gobierno, los alcaldes y gobernadores del a nivel local están estigmatizando”, dijo Sofia Jaramillo, presidenta de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en Noticias Caracol. La ONG que preside Jaramillo y la Fundación Gabo hicieron una investigación en 2025 en 34 municipios y encontraron que el 24 % de los medios había recibido amenazas y 35 % reconoció haberse autocensurado como consecuencia directa. La investigación reveló también que muchos periodistas debieron exiliarse, desplazarse dentro de Colombia o abandonar la profesión. “El problema es cuando se empieza a llamar ‘mentirosos’, ‘criminales’, ‘enemigos’… y pone en riesgo a los periodistas”, advirtió Jaramillo.
El panorama de la libertad de prensa lo ratificó esta semana Reporteros Sin Fronteras (RSF), que emitió un informe con el preocupante título ‘La criminalización del periodismo lastra la libertad de prensa en todo el planeta’, en el que hay un capítulo dedicado a América con un título todavía más alarmante: ‘En lugar de ayudar a los periodistas perseguidos, las autoridades los amenazan’. En la introducción del documento, RSF sostiene: “Por primera vez en la historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación ‘difícil’ o ‘muy grave’”.
También asegura que la criminalización del periodismo alcanza su punto álgido porque de los cinco indicadores que miden el estado de la libertad de prensa en el mundo (político, legal, económico, social, seguridad de los periodistas), el legal es el que más ha bajado este año: entre 2025 y 2026, se ha deteriorado en más del 60 % de los países, es decir, en 110 de los 180. Es el caso, entre otros, de India (puesto 157), de Egipto (169), de Israel (116) o de Georgia (135). Colombia está en el puesto 102 de la Clasificación.
“Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas”, dice RSF en su análisis. “El periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo. La cobertura de temas medioambientales, como la minería o la deforestación, los conflictos armados, la corrupción o los derechos comunitarios, expone a los periodistas a amenazas, estigmatización y violencia. La expansión de los grupos armados, presentes en 253 municipios, agrava la situación. El Clan del Golfo controla 60 zonas, mientras que disidencias del antiguo conflicto armado y otros grupos criminales operan en amplias regiones del país. A pesar del programa de protección de periodistas, las amenazas persisten”.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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