Un jurado popular juzgará en Valencia, España, al colombiano Jorge Ignacio Palma, autor confeso de la desaparición del cuerpo de la española Marta Calvo y supuesto asesino de otras dos jóvenes, informaron este lunes a EFE fuentes del caso.
El acusado, que permanece en prisión provisional desde finales de 2019 luego de confesar haber descuartizado el cadáver de Marta Calvo, también es acusado del homicidio de Arliene Ramos y Lady Marcela en medio de prácticas sexuales con cocaína y otras sustancias.
(Vea también: Colombiano desmembró a joven española con la que se había citado por internet)
Los restos mortales de Calvo aún no fueron hallados, pese a las múltiples búsquedas de las fuerzas españolas de seguridad en las zonas del interior de la provincia de Valencia donde Palma indicó que fueron arrojados.
El juicio se adelantará entre el 13 de junio y el 15 de julio y la primera jornada del servirá, exclusivamente, para elegir el jurado; el tribunal estará conformado por nueve personas, de modo que las declaraciones no empezarán hasta el día siguiente, según las previsiones conocidas por Efe.
Palma está procesado por estas tres muertes y nueve intentos de homicidio de mujeres con métodos idénticos, además de narcotráfico; la Fiscalía española pide 130 años de cárcel en total para él.
El Ministerio Público lo considera responsable de tres delitos de homicidio, once de abusos sexuales y otro contra la salud pública. Las acusaciones particulares elevaron la consideración de lo sucedido a tres delitos de asesinato y reclaman prisión permanente revisable, que es la condena máxima en España.
Según las conclusiones del juez instructor, el acusado “introducía droga de forma no consentida en los órganos genitales” de las mujeres. Esto les provocaba “un aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial, limitando su capacidad defensiva y volitiva, siendo consciente de las consecuencias letales de dicha práctica”, explicó Efe.
Tres de los once encuentros sexuales de los que se ha tenido constancia en la investigación, sucedidos entre el verano de 2018 y noviembre de 2019, acabaron con el fallecimiento de las víctimas.
En el mismo auto de procesamiento se ordenó abrir una pieza de responsabilidad civil por el importe de 350.000 euros (unos 380.000 dólares).
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