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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que continúa administrando los bienes que pertenecieron al estilista Mauricio Leal Hernández en cumplimiento de las medidas cautelares de extinción de dominio solicitadas por la Fiscalía General de la Nación desde el 14 de enero de 2022.
Esta decisión se adoptó en el marco de un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito y incremento patrimonial no justificado.
(Vea también: Así asesinó Jhonier Leal a su hermano Mauricio Leal y a su madre; detalle lo condenaría)
Antecedentes del caso Mauricio Leal
De acuerdo con documentos oficiales, Mauricio Leal estuvo vinculado a la Lista Clinton alrededor del año 2008, debido a relaciones comerciales con empresas asociadas al Cartel de Cali y al clan Rodríguez Orejuela.
Aunque posteriormente fue retirado de dicha lista y la investigación inicial no continuó, las autoridades detectaron un incremento patrimonial inusual en el periodo inmediatamente posterior a su desvinculación, situación que sigue bajo análisis judicial.
Bienes administrados por la SAE de Mauricio Leal
Actualmente, los activos bajo administración incluyen:
Inmuebles:
- Casa en La Calera (1.165,2 m²), avalúo: $ 1.370.000.000.
- Apartamento (150,49 m²), avalúo: $ 462.738.000.
Fotos: SAE
Vehículos:
- Camioneta Mercedes Benz 2019, avalúo: $244.150.000.
- Automóvil Mercedes Benz 2016, avalúo: $47.564.000.
- Motocicleta AK125CR4.
Sociedades:
- Mauricio Leal Music S.A.S., activos: $20.000.000 (actualmente liquidada por inactividad).
- Mauricio Leal Peluquerías S.A.S., activos: $120.000.000, además de dos establecimientos de comercio en Bogotá y Cajicá (Cundinamarca).
Situación legal y restricciones de los bienes del fallecido estilista
La SAE aclaró que, mientras judicialmente no se determine si estos bienes deben ser devueltos a los herederos o pasar definitivamente al Estado, no puede entregar total ni parcialmente los activos a familiares o representantes legales.
La entidad reiteró su compromiso con la administración transparente y la colaboración con las autoridades competentes, subrayando que cualquier decisión final dependerá de lo que establezca la jurisdicción de extinción de dominio.
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