Durante dos meses, los abogados de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, sostuvieron conversaciones con el Gobierno para exponer la delicada situación de salud y seguridad de la creadora de contenido dentro de la cárcel El Buen Pastor. El penalista Francisco Bernate explicó a El Tiempo que la alimentación afectaba de forma grave su bienestar físico y mental.
¿Cuál fue el emprendimiento que ‘Epa Colombia’ montó en El Buen Pastor?
Mientras sus abogados buscaban soluciones jurídicas, Bernate detalló que Barrera aprovechó las herramientas contempladas en la Ley 65 de 1993 del Código Penitenciario y Carcelario, así como en la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral. Estas normativas permiten la redención de pena por medio de trabajo o estudio. En ese contexto, la empresaria se dedicó a la elaboración de manillas como una estrategia para intentar disminuir su condena.
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El medio indicó que, a lo largo de varios meses, Barrera trabajó en compañía de otras internas para producir estas artesanías. Sin embargo, el abogado Bernate aclaró que el esfuerzo no tuvo un impacto significativo, pues la reducción alcanzada fue mínima. Según lo citado por El Tiempo, los descuentos logrados con esta actividad se tradujeron apenas en una rebaja de entre 25 y 27 días, lo cual no alcanzó siquiera un mes de su condena.
Francisco Bernate agregó que ‘Epa Colombia’ enfrentó muchas dificultades para emprender un proceso de resocialización dentro del penal. Su actividad terminó limitada a fabricar manillas, sin que pudiera organizar un proyecto colectivo que integrara a otras reclusas de manera estructurada.
¿A donde mandaron a ‘Epa Colombia´?
‘Epa Colombia’ fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la guarnición militar de la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá. El cambio se produjo luego de la solicitud formal de su defensa, motivada por las preocupaciones de seguridad e integridad personal.
El mismo medio resaltó que el abogado también contempló la opción de invocar la Ley de utilidad pública, la cual permitiría a madres cabeza de hogar sustituir la pena por trabajos comunitarios. No obstante, El Tiempo precisó que dicha normativa solo aplica cuando los delitos están ligados a condiciones de marginalidad, un aspecto que aún intenta demostrar el equipo de defensa.
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