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Así como surgió una polémica por una amenaza contra Paloma Valencia, la respuesta de uno de sus contrincantes de cara a las elecciones presidenciales en mayo no pasó desapercibida.
La controversia por la parranda vallenata hecha en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí continúa provocando reacciones en el ámbito político. De hecho, Iván Cepeda respondió con dureza a las críticas por sus declaraciones sobre el caso, calificando a sus detractores como “hipócritas disfrazados de gente honorable”.
El hecho, que involucra la presentación del cantante Nelson Velásquez al interior del penal, ha sido ampliamente cuestionado por distintos sectores, al tratarse de una actividad no autorizada en un centro de reclusión de alta seguridad.
Cepeda, quien se pronunció desde Bucaramanga, aseguró que no emitirá declaraciones que vayan en contra de los procesos de paz en el país. Sin embargo, sus palabras generaron una ola de críticas, especialmente en redes sociales, donde se le cuestionó por no rechazar con mayor contundencia lo ocurrido.
En respuesta, el congresista publicó un mensaje en su cuenta de X en el que arremetió contra quienes lo criticaron, señalando que quienes hoy se escandalizan por la fiesta en la cárcel guardaron silencio frente a hechos más graves del pasado.
La polémica también provocó reacciones desde otros sectores políticos. La congresista Jennifer Pedraza cuestionó la postura del senador, afirmando que la permisividad frente a este tipo de hechos resulta revictimizante y que ninguna conducta irregular debe justificarse.
Por su parte, la senadora Isabel Zuleta, quien participa en los diálogos con estructuras criminales, rechazó lo ocurrido y anunció la suspensión temporal de las conversaciones mientras se esclarecen los hechos. Además, reiteró que no se tolerará el incumplimiento de las normas del sistema penitenciario.
El caso también ha puesto en la mira al INPEC, ante posibles fallas en los controles de seguridad dentro del penal. Según se ha conocido, en la fiesta habrían participado personas privadas de la libertad vinculadas a procesos de paz urbana, algunos de ellos con beneficios judiciales previamente otorgados por la Fiscalía General de la Nación.
Mientras avanzan las investigaciones, el episodio sigue generando debate sobre los límites de los procesos de paz, el control en los centros penitenciarios y la responsabilidad de las autoridades frente a este tipo de hechos.
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