Apenas iniciaba 2023 se conocía la intención del presidente Gustavo Petro de asumir el control de las comisiones de regulación de servicios públicos a nivel nacional, esto sería vía decreto, esperando que se implementara el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, empezaron a llegar los reparos por lo que podría suceder hacia el futuro con las tarifas, calidad e inversiones en estos sectores.

A los pocos días, debido a la intervención del Consejo de Estado, se decretó medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023, por el cual el presidente Gustavo Petro reasumía funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

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Aunque quedaba todo como antes, el tema estaba en el aire, ya que en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 se tendría la misma idea de que el Gobierno Nacional asumiera funciones reguladoras para los servicios públicos y que tome decisiones para cambiar los manejos que se vienen dando.

Riesgo de fijar tarifas de servicios públicos en Colombia, como propone el Gobierno Nacional

Pues, apenas iniciando mayo, salieron conceptos que alertan ante el planteamiento, estos vienen del análisis del PND hecho por Probogotá Región y el Consejo Privado de Competitividad (CPC).

En el diario El Tiempo se consignan conceptos y reparos a lo que tiene el Plan proyectado entre 2023 y 2026, pero hacen énfasis en las tarifas de servicios públicos. Indican que no se tendrían bases para establecer los costos en cobros de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo:

“El articulado abre la posibilidad a que el Gobierno Nacional expida actos administrativos que, eventualmente, determinen las tarifas de servicios públicos sin contar con un análisis técnico objetivo”.

Y se destaca que en la función reguladora debe estar en la parte central el usuario o ciudadano del común, esto como el beneficiario final de la prestación de los mencionados servicios y quien solo tendrá la mejor calidad del servicio al menor costo en un entorno que garantice la competencia.

Aparte de este tema sensible para la ciudadanía, como lo son los servicios públicos domiciliarios, en revista Semana indican que también hubo conceptos negativos desde Probogotá Región y el Consejo Privado de Competitividad a otros puntos del Plan Nacional de Desarrollo, documento que dinamitó la coalición de gobierno y llevó a tantos cambios. Estos fueron: Ordenamiento territorial, Infraestructura, Contratación pública, Política de catastro y Discrecionalidad en la orientación del Gasto Ordenamiento territorial.

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Según la publicación: “los postulados del PND desconocen lo establecido por la Corte Constitucional en materia de ordenamiento territorial” y van en contra de muchos elementos para garantizar el desarrollo de las regiones.

Se espera que haya claridad ante esta alerta y que se den respuestas, ya que la falta de criterios para establecer las tarifas de los servicios públicos podría llevar a que las compañías prestadoras no garanticen su funcionamiento o que los costos de los mismos suban y afecten el bolsillo de los ciudadanos. Y es que hay muchos que se han quejado por cambios excesivos en la facturación.