A finales del año pasado, el presidente Gustavo Petro dio la primera puntada de su intención de asumir las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg), ante los elevados cobros que los colombianos de algunas zonas del país pagan por ese servicio. El mandatario apenas dijo que estaba facultado por la Constitución para hacerlo.

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En ese momento sonaron las primeras alarmas y la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings aseguró que controlar los precios de la energía en el país podría tener efectos contraproducentes. “Los esfuerzos políticos para contener el aumento de las tarifas eléctricas pueden aumentar la intervención del Gobierno y debilitar los perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos de Colombia”, dijo.

Pero la intención de Petro tomó más cuerpo a comienzos de este año, cuando dijo en Boyacá: “Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo. Voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia directa y personalmente”.

Y, de nuevo, se volvieron a encender las alarmas, pero esta vez desde el interior del país, y a través de voces aún más autorizadas: las de 17 exministros y exviceministros de Minas y las de ocho excomisionados de la Creg, que le dicen a Gustavo Petro que, si llega a materializar su idea, será una medida que “vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos. Los de hoy y de mañana”.

Los ex altos cargos se manifestaron a través de una carta que le enviaron al presidente en las últimas horas, en la que también aseguran que “alterar este marco podría deteriorar la confianza de todos los agentes del sector y poner en riesgo las futuras inversiones necesarias para garantizar la cobertura y calidad en la prestación del servicio a los colombianos”.

Para este nutrido y variado grupo de exfuncionarios, en los últimos 30 años, la regulación “ha permitido logros contundentes en materia de cobertura, calidad, suficiencia y confiabilidad”. También, aseguran, se ha destacado el sector energético “con una matriz de muy bajas emisiones de gases efecto invernadero y con importantes indicadores de equidad y solidaridad”, y con la suficiencia que permite “aumentar los subsidios destinados a los colombianos de menores ingresos y contar con fondos públicos para aumentar la cobertura del servicio en zonas rurales alejadas”.

Le recuerdan al mandatario que, durante estas tres décadas, los distintos gobiernos han intervenido el sector eléctrico dando direcciones de política desde el Ministerio de Minas y Energía, “pero manteniendo la responsabilidad regulatoria” en la Creg; “en ningún caso remplazándola”. Todo esto, dentro del marco institucional del cual el Gobierno hace parte a través de los ministerios de Hacienda, Minas y Energía, así como del Departamento Nacional de Planeación y el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

“Una irrupción súbita, alterando dicha institucionalidad, no ofrece ninguna ventaja para lograr las reformas necesarias y, al contrario […], pone en riesgo el sostenimiento de un sector que ha sido exitoso en su desarrollo”, agregan los exfuncionarios en su carta a Petro.

Pero van más allá de lo institucional y también advierten que, de acuerdo con las agencias internacionales encargadas de monitorear los fenómenos climáticos, se ha incrementado significativamente la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño (sequias) durante el segundo semestre de este año.

Este dato tiene sentido si se tiene en cuenta que la Creg, en sus últimas proyecciones de demanda y oferta, contempla un déficit de energía a final del año 2027. “Para superarlo, el sector espera próximamente la convocatoria de una subasta de expansión en generación y así cumplir con los tiempos que exigen estos proyectos en su ejecución. Afrontar eficientemente estos riesgos requiere de millonarias inversiones de largo plazo que dependen de la confianza que tengan los diferentes agentes en el arreglo institucional del sector”.

Suscriben el documento los exministros y exviceministros de Minas Amylcar Acosta (2013-2014), Germán Arce (2016-2018), Carlos Caballero (2000-2001), Mauricio Cárdenas (2011-2012), Tomás González (2014-2016), María Lorena Gutiérrez (2016), Luisa Fernanda Lafaurie (2001-2002), Hernán Martínez (2006-2010), Luis Ernesto Mejía (2002-2006), Diego Mesa (2020-2022), Federico Rengifo (2012-2013), Juan Camilo Restrepo (1991-1992), María Fernanda Suárez (2018-2020), Ramiro Valencia (2001), Luis Carlos Valenzuela (1998-2000), Manuel Maiguashca (2003-2009) y Ruty Paola Ortiz (2016-2017).

También, los excomisionados de la Creg Jaime Blandón (2001-2004), Juan Ignacio Caicedo (2005-2011), Daisy Cerquera (2018-2022), Carmenza Chahín (1998-2001), Javier Díaz (2005-2016), Christian Jaramillo (2015-2020), Hernán Molina (2007-2019) y Camilo Quintero (2005-2009).

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