La semana pasada, el presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno está facultado para asumir las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG). Esto, ante los elevados cobros que los colombianos de algunas zonas del país pagan por ese servicio.

En plata blanca, el Gobierno podría determinar, por encima de la CREG, una fórmula diferente para calcular las tarifas de la energía eléctrica y eso disminuiría el precio que paga el consumidor.

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Aunque la idea suena bien para la ciudadanía, desde el sector energético hay inquietudes sobre las implicaciones que esa medida podría tener en la calidad de la prestación del servicio de energía, derivada de menos inversiones.

Advertencia a Gustavo Petro sobre tarifas de energía

La calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings aseguró que controlar los precios de la energía en el país podría tener efectos contraproducentes. Según la alerta, esa medida afectaría a las empresas de servicios públicos, reseñó Bloomberg Línea.

“Los esfuerzos políticos para contener el aumento de las tarifas eléctricas pueden aumentar la intervención del Gobierno y debilitar los perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos de Colombia”, indica el documento.

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Además, la calificadora expresó que “las propuestas regulatorias diseñadas para reducir la presión inflacionaria en los mercados de energía podrían debilitar la rentabilidad de las empresas al prevenir los incrementos de precios para responder a los crecientes costos de producción”.

Para Fitch, la estructura regulatoria sólida en Colombia beneficia los perfiles crediticios de las empresas, a la vez que mantiene un balance entre el interés de los consumidores finales y las utilidades de las empresas de servicios.