La reconocida distribuidora de cárnicos Charry Trading SAS, ubicada en Ibagué, Tolima, ha sido duramente sancionada por el Ministerio de Trabajo de tras ser responsabilizada por la maltrato y acoso laboral hacia siete de sus trabajadores. El Ministerio impuso una multa que supera los 1.000 millones de pesos, la cual se deriva de una investigación fundamentada en videos y testimonios que demostraron una serie de ofensas, gritos, amenazas y humillaciones en contra de los empleados, según informó El Tiempo.
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En uno de los incidentes más graves, registrado el 16 de septiembre de 2023, el socio y directivo de la compañía, Diego Fernando Charry Parra, ordenó de forma intimidante a sus trabajadores “formar” como en un entrenamiento militar interrumpiendo así las labores diarias, según el expediente al que tuvo acceso El Tiempo. Esta actitud agresiva influenció un ambiente laboral sumido en el miedo, la preocupación y la zozobra, inclusive colapsando la posibilidad de los empleados de abandonar las instalaciones por su propia seguridad, de acuerdo con el rotativo.
“Amenazó y insultó de forma grosera al personal, exigiendo acatamiento de sus órdenes, situación que se evidenció a través de videos ampliamente divulgados en las redes sociales” tal como destaca el informe de la investigación replicado por el citado medio.
Igualmente, la autoridad laboral encontró que la firma infringió diversos derechos laborales y acuerdos internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Por ende, se aplicó una multa de más de 1.016 millones de pesos, segmentada en tres conceptos: por violación de derechos a nivel internacional, por menoscabo a la dignidad personal de los trabajadores y por implementar conductas que restringen sus derechos, de acuerdo con el periódico.
Además, el Ministerio inició trámites para investigar a Diego Fernando Charry Parra por presunto falso testimonio, fenómeno establecido en el artículo 442 de la Ley 599 de 2000, debido a inconsistencias surgidas durante el proceso de investigación, según el informe periodístico.
El entonces viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, se expresó al respecto del sonado caso: “La documentación presentada, compuesta por videos, testimonios y constancias médicas era suficiente para continuar la investigación y finalmente sancionar a la compañía”, anotó el funcionario en una entrevista concedida al citado diario.
El impacto de este caso es vasto ya que ejemplifica la capacidad de acción de las autoridades laborales en Colombia ante denuncias de acoso y maltrato en el sector laboral, respaldando así el respeto de los derechos laborales.
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