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La Superintendencia de Sociedades informó que, en audiencia celebrada el día 25 de agosto de 2025, la empresa Don Jediondo Sopitas y Parrilla entra a proceso de liquidación.
La cadena de comida cuenta con 33 establecimientos de comercio activos e ingresó formalmente en proceso de liquidación judicial, conforme a lo establecido por la Ley 1116 de 2006.
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El restaurante de Don Jediondo, reconocido por su oferta de platos típicos colombianos y comida nacional e internacional, cuenta con 183 trabajadores directos.
Dijo la Superintendencia de Sociedades que había reportando, con corte al 30 de junio de 2025, activos por $ 25.601 millones y deudas por $ 25.580 millones.
Don Jediondo se encontraba en proceso de reorganización desde agosto de 2022. “No obstante, incumplió de manera reiterada las obligaciones pactadas, incluyendo pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración”.
¿A quiénes les debía plata el restaurante de Don Jediondo?
Según la entidad, durante la fase de seguimiento al acuerdo, el juez del concurso adelantó cinco sesiones de audiencia, en las que se constató la persistencia del incumplimiento frente a obligaciones con entidades como Colpensiones, Dian, Porvenir y Protección, así como el incremento de deudas relacionadas con el impuesto al consumo.
“A pesar de los requerimientos del Juez del concurso y de las oportunidades otorgadas por los acreedores, la sociedad no logró normalizar su situación financiera ni demostrar capacidad de cumplimiento”, se lee en el comunicado.
Dada esta situación, se procedió a declarar el incumplimiento definitivo del acuerdo y a ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que, “en el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa”.
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Y agregó que ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, “esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”.
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