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Las facturas de los servicios públicos hacen parte de los gastos que los hogares deben asumir cada mes y cualquier incremento inesperado puede golpear con fuerza las finanzas familiares. Pero el problema puede ser todavía mayor cuando el cobro llega por millones de pesos y el usuario considera que no corresponde con el consumo real.
Eso es lo que ocurrió en miles de hogares en Bogotá cuando recibieron el recibo del acueducto y vieron cobros desmesurados por el consumo de agua.
El caso ocurrió en Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde más de 1.200 familias y cerca de 700 viviendas han estado expuestas a facturas de acueducto que, en algunos casos, han superado los $9 millones.
La situación llevó a abrir una mesa de trabajo entre la comunidad, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Superintendencia de Servicios Públicos y la concejala Rocío Dussán Pérez, con el propósito de revisar los cobros que reciben los habitantes del sector.
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El caso tiene una particularidad que resulta clave para entender la discusión: en Hacienda Los Molinos no existe un mecanismo de medición del consumo de agua, pese a que los usuarios reciben las facturas correspondientes al servicio.
De acuerdo con la información presentada en las mesas de trabajo, Hacienda Los Molinos es un sector de estrato 2 en el que no existe una red formal de acueducto y alcantarillado.
La comunidad construyó de manera artesanal su propia infraestructura para llevar el servicio a las viviendas. Sin embargo, los habitantes han recibido facturas con valores que, según el caso, pueden superar ampliamente lo que una familia esperaría pagar por su consumo habitual.
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La situación también alcanza a los usuarios no residenciales, es decir, establecimientos comerciales ubicados en el sector. Precisamente, el Acueducto reconoció que existen cobros que no se ajustan a la realidad de algunos usuarios no residenciales. El problema estaría relacionado con la manera en que se calculó el consumo ante la ausencia de mecanismos de medición.
Cuando no existe una medición efectiva, se utilizó un sistema de estimación del consumo, situación que, de acuerdo con lo expuesto en las mesas, terminó generando facturas desproporcionadas para algunos usuarios.
¿Qué hará el Acueducto para corregir los cobros y los recibos?
Uno de los primeros resultados de las reuniones es la decisión de realizar aforos a los usuarios, con el objetivo de establecer cuál es realmente el consumo y evitar que el valor de la factura continúe dependiendo de una estimación que no necesariamente refleja la cantidad de agua utilizada.
Los aforos permitirán determinar el consumo de los usuarios y servirán como insumo para revisar los cobros que actualmente se están realizando en el sector.
La medida responde a una de las principales solicitudes planteadas durante las mesas de trabajo: que el valor que aparece en las facturas tenga una relación con el consumo efectivo y no con una cantidad estimada cuando no existe un mecanismo que permita medirlo.
Para un hogar, la diferencia no es menor. Una factura de servicios públicos que no corresponde con su consumo puede representar una presión significativa sobre los ingresos disponibles, especialmente en hogares de estratos bajos.
Otro de los puntos centrales de la discusión fue planteado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La entidad confirmó que los usuarios tienen derecho a la medición de su consumo, y señaló que no existe una norma colombiana que impida la instalación de medidores para los usuarios de servicios públicos.
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CRA cuestiona los 11 metros cúbicos cobrados a viviendas
La discusión también llegó a los cobros realizados a las viviendas del sector. Según lo expuesto en las mesas, la CRA cuestionó el cobro de 11 metros cúbicos (m³) a los usuarios residenciales, debido a que esa cantidad no necesariamente representa el consumo real de cada vivienda.
La precisión es importante porque, de acuerdo con lo señalado en el caso, los 11 m³ corresponden al límite utilizado para establecer los subsidios, y no necesariamente a la cantidad de agua que efectivamente consume cada familia.
La concejala Rocío Dussán Pérez, quien ha acompañado las mesas de trabajo con las entidades y los representantes de la comunidad, cuestionó los cobros que han recibido las familias del sector: “No es justo que familias de estrato 1 y 2, que construyeron con sus propias manos el acueducto de su barrio, reciban facturas de hasta 9 millones de pesos, hoy el Acueducto y la CRA reconocen lo que la comunidad denunciaba, vamos a seguir en las mesas hasta que el cobro sea justo para cada familia.”
La discusión tiene además una dimensión más amplia para Bogotá, debido a que la concejala señala que el problema podría trascender Hacienda Los Molinos y alcanzar a otros sectores con características similares. Según lo expuesto durante las mesas, la situación podría tener repercusiones para hasta 50.000 hogares en Bogotá que presentan condiciones de irregularidad.
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