Así como la caída del dólar en Colombia ha causado controversia entre políticos, el aumento del salario mínimo del 23 % que decretó Gustavo Petro ha estado en el ojo del huracán por parte de quienes interpusieron acciones legales.
Lo cierto es que que Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, sorprendió al confirmar desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) la determinación por parte de la justicia frente a uno de esos movimientos.
“¡Cero y van dos! El salario vital está en firme. El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta negó la acción de tutela contra el Decreto 1469 de 2025, el cual expedimos junto al presidente Gustavo Petro en cumplimiento de lo que ordena el artículo 53 de la Constitución de 1991”, escribió en la primera parte de su mensaje.
De hecho, el funcionario fue tajante al explicar cuál fue la sentencia frente a la acción interpuesta contra el salario mínimo de 2026 en Colombia, con lo que se mantiene en pie a pesar de las polémicas.
“La tutela fue declarada improcedente por dirigirse contra un acto administrativo de carácter general, cuyo control corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al juez constitucional. El despacho reiteró que no se probó afectación concreta al mínimo vital ni perjuicio irremediable, y que la tutela no puede usarse como mecanismo de control abstracto de legalidad”, explicó.
El tema sigue como blanco de señalamientos de opositores, en medio de la expectativa por el futuro de las empresas y de miles de empleados frente al panorama del incremento.
Queda por determinar si la justicia colombiana se mantiene en esa misma línea frente a una situación que ha sido fuertemente criticada, a pesar de la postura más que firme del Gobierno frente a ese aumento en el país.
Esta fue la publicación de Sanguino sobre la tutela:
¡Cero y van dos! 😉
El #SalarioVital está EN FIRME.El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta negó la acción de tutela contra el Decreto 1469 de 2025, el cual expedimos junto al presidente @petrogustavo en cumplimiento de lo que ordena el artículo… pic.twitter.com/oHHJqQLQeb
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) January 14, 2026
¿Por qué hay tutelas en contra del salario mínimo en Colombia?
En Colombia se han interpuesto tutelas en contra del salario mínimo de 2026 principalmente por cuestiones judiciales y constitucionales relacionadas con cómo se fijó el nuevo valor del sueldo mínimo y sus efectos económicos, lo que ha provocado acciones legales para cuestionar la validez y el impacto de esa decisión.
Una de las razones centrales por las que se presentaron tutelas es que algunos ciudadanos y juristas consideran que el decreto que fijó el salario mínimo de 2026 no cumplió con todos los requisitos legales, en particular con el principio de concertación tripartita previsto en la Constitución, que exige diálogo entre empresarios, trabajadores y el Gobierno antes de establecer los salarios mínimos.
Según los demandantes, este procedimiento no se agotó adecuadamente y, por eso, sostienen que el decreto vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
Además, quienes interpusieron estas tutelas argumentan que el aumento del 23,7 % para 2026, incluido el auxilio de transporte, fue decretado sin evaluar suficientemente el impacto económico en sectores como las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y los trabajadores informales.
En el escrito se sostiene que un incremento abrupto puede generar perjuicios inmediatos e irreparables, como despidos o cierre de negocios, por los mayores costos que ello representa para empleadores pequeños.
También se justifican los recursos en la idea de que, si el Estado no fundamenta de manera clara y técnica las razones económicas para un aumento salarial tan elevado, esto podría contravenir los límites legales de su actuación, ya que la normativa sobre salario mínimo incluye criterios específicos como inflación, productividad y participación de los salarios en el ingreso nacional.
Así, las tutelas buscan que se revise judicialmente si el decreto se ajustó a la Constitución y a la ley, y en algunos casos solicitan la suspensión provisional del aumento mientras se decide el fondo del caso.
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