La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, advirtió que el plan, que implica una repatriación abrupta de los ahorros pensionales invertidos en el exterior, implicaría riesgos significativos para los afiliados y para el mercado financiero colombiano.
Tras su renuncia en diciembre de 2025, explicó que se opuso a la intención del Gobierno de traer entre $120 y $125 billones desde los portafolios de los fondos privados en un plazo de seis meses, por considerarlo técnica y operativamente inviable.
Higuera señaló que las inversiones de las AFP están diseñadas con estrategias de mediano y largo plazo, distribuidas en activos de distinta liquidez, monedas y regiones.
Forzar su regreso implicaría desmontar esas estrategias, asumir penalidades por retiros anticipados y generar pérdidas que afectarían directamente a los afiliados, verdaderos dueños de los recursos.
Además, el mercado colombiano es poco profundo y con baja liquidez, y las AFP ya tienen una alta exposición a deuda pública, lo que limitaría la capacidad de absorber esos flujos sin distorsiones.
La exfuncionaria afirmó que expresó estas preocupaciones al ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien le indicó que se trataba de una instrucción presidencial.
También denunció falta de estudios técnicos y de sustento normativo en el proyecto de decreto. Finalmente, defendió su decisión de renunciar como un acto para proteger la institucionalidad y el ahorro pensional de los colombianos.
¿Qué sigue con plan sobre modificar fondos pensionales?
La Procuraduría General de la Nación convocó una segunda mesa técnica preventiva para evaluar los riesgos del proyecto de decreto con el que el Gobierno, a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF), busca modificar el régimen de inversiones de los fondos privados de pensiones.
La iniciativa ha generado controversia por proponer una reducción de las inversiones en el exterior y priorizar la colocación de recursos dentro del país, lo que ha despertado alertas sobre posibles impactos en la rentabilidad y seguridad del ahorro pensional.
La convocatoria fue realizada por las procuradurías delegadas para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, como parte de su función preventiva y de seguimiento institucional.
El debate tomó fuerza tras la renuncia, en diciembre de 2025, de la entonces directora de la URF, Mónica Higuera, quien advirtió sobre los riesgos de una repatriación abrupta de los recursos.
Pese a ello, el presidente Gustavo Petro defendió la propuesta, cuestionando que una parte importante de los ahorros se mantenga fuera del país. La Procuraduría aclaró que su actuación es técnica, interinstitucional y no vinculante.
Durante el seguimiento, pidió profundizar el análisis sobre riesgos de mercado, diversificación de portafolios, capacidad del mercado local y efectos sobre la estabilidad financiera.
La mesa se realizará el 20 de enero de 2026 con participación de autoridades, expertos y actores del sector, con el objetivo de anticipar riesgos y proteger el ahorro pensional.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
