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El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, lanzó una advertencia sobre las implicaciones del Decreto 1485 del 31 de diciembre, que modifica la fórmula para el cálculo de las pensiones en Colombia. En diálogo con Blu Radio, el directivo señaló que la medida, adoptada tras el incremento del salario mínimo, traslada la carga financiera del Estado hacia los trabajadores y dificulta el acceso a la jubilación para millones de afiliados.
Velasco explicó que hasta finales de 2025 un trabajador en el régimen de ahorro individual necesitaba reunir cerca de 350 millones de pesos para acceder a una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo. Con las nuevas reglas, esa cifra asciende a aproximadamente 550 millones de pesos, lo que representa un aumento de 200 millones. Según indicó, este cambio afecta directamente a unos 20 millones de afiliados en fondos privados, quienes podrían verse obligados a optar por la devolución de saldos si no cumplen con los requisitos de edad y semanas para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
El impacto más evidente, de acuerdo con Velasco, es el tiempo adicional que deberán trabajar los colombianos. Estimó que para alcanzar el nuevo capital requerido, un trabajador promedio tendría que laborar al menos una década más. “El cambio de esa fórmula implica que a los colombianos los alejamos de la pensión por lo menos una década”, afirmó, al advertir que la decisión no fue discutida en mesas técnicas con los sectores involucrados.
El decreto también repercute en los seguros de invalidez y sobrevivencia. La normativa establece que el costo de estos seguros no debe superar el 3 % de la cotización, pero con los nuevos cálculos podría elevarse al 3,2 %, superando el límite legal. Esto, según Velasco, genera un vacío que dejaría a los trabajadores en riesgo de desprotección si no se implementa un mecanismo de compensación.
En el plano fiscal, el presidente de Asofondos alertó que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que cuenta con unos 55 billones de pesos, podría agotarse más rápido, obligando al Estado a cubrir los pagos futuros con recursos provenientes de los impuestos. A su juicio, esto anularía cualquier ahorro que el Gobierno busque obtener a corto plazo.
Velasco también cuestionó la propuesta de repatriar los ahorros pensionales invertidos en el exterior. Explicó que cerca del 50 % de los 520 billones de pesos administrados están en mercados internacionales para garantizar diversificación y seguridad. Forzar la venta de esos activos, dijo, provocaría una caída en la tasa de cambio y una pérdida de rentabilidad, ya que los fondos se verían obligados a vender barato afuera y comprar caro en Colombia.
El directivo ilustró la situación con un ejemplo: un trabajador que ha ahorrado durante años para comprar una casa y, de repente, se enfrenta a un aumento inesperado en el precio. En ese escenario, no solo debe reunir mucho más dinero, sino que se ve obligado a trabajar más tiempo para alcanzar la misma meta que antes parecía posible.
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