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El sistema de pensiones ocupacionales en Países Bajos, considerado el más grande de la Unión Europea gracias a activos que rondan los dos billones de euros, se encuentra en pleno proceso de transformación significativa. Hasta ahora, el modelo neerlandés garantizaba pensiones relativamente estables a través de un sistema en el que los trabajadores jóvenes aportaban para financiar las prestaciones de los ya retirados. Según lo reportado, el acceso a este fondo era de carácter colectivo y obligatorio, centrado principalmente en fondos sectoriales como los de salud, construcción, metalurgia y servicios públicos, constituyendo el núcleo del ahorro previsional del país.
Este esquema tradicional estuvo respaldado por una lógica de “prestación definida”, donde se prometía a los afiliados una pensión calculada a partir de su salario y años trabajados. Para ello, los fondos invertían principalmente en bonos soberanos y productos derivados de tasas de interés. Sin embargo, fenómenos como la prolongada etapa de bajos tipos de interés y el marcado envejecimiento de la población plantearon graves desafíos. No solo dificultaron la revalorización efectiva de las pensiones frente a la inflación, sino que además llevaron al riesgo de recortes y a cuestionamientos sobre la viabilidad del sistema.
Frente a este panorama, Países Bajos aprobó en 2023 una reforma estructural, con aplicación progresiva hasta 2028, la cual desmantela el esquema de “bolsa común” para introducir cuentas potencialmente individuales. Bajo el nuevo régimen, el valor de la pensión dependerá de las contribuciones personales y del desempeño de las inversiones. Si bien la pensión estatal básica (AOW), respaldada por impuestos y desvinculada del salario, y los planes privados individuales permanecen intactos, la transición impacta en el pilar central: los grandes fondos ocupacionales.
Con el nuevo sistema, los fondos pueden diversificar y ampliar la exposición al riesgo, privilegiando inversiones en acciones, bonos corporativos e hipotecas. Los mecanismos de protección se diferencian por edad, permitiendo que quienes están próximos a jubilación mantengan mayor seguridad con respecto a su capital. Desde el 1 de enero, fondos que administran más de 500 mil millones de euros empezarán la transición, disponiendo de un año para ajustar sus inversiones y efectuar compensaciones principalmente a personas de 40 a 50 años, quienes financiaron las pensiones de generaciones anteriores sin recibir el mismo respaldo.
Esta reforma trasciende las fronteras neerlandesas. Los fondos neerlandeses, como se observa, estaban entre los principales compradores de deuda pública europea. Su cambio de estrategia inversora podría modificar el flujo de capitales en los mercados de deuda de Europa, especialmente en un contexto en el que algunos países, como Alemania, se preparan para asumir nuevos niveles de endeudamiento, mientras que naciones con perfiles de riesgo más altos podrían atraer inversiones desplazadas en busca de mayor rentabilidad.
Internamente, la transformación ha suscitado controversias y litigios, según la información suministrada. Organizaciones de jubilados han llevado los casos a tribunales nacionales alegando la pérdida de derechos adquiridos, incluyendo la indexación de las pensiones, y denunciando una supuesta “expropiación sin compensación”. Asimismo, el banco central neerlandés DNB supervisa la transición, preocupado por la equidad en el reparto de activos y por la concentración de inversiones en acciones tecnológicas, que alcanzaron los 150 mil millones de euros, principalmente en el mercado estadounidense. La preocupación se extiende también a quienes cambian de empleo o reducen su jornada antes de la reforma, dado que estas situaciones podrían significar la pérdida parcial o total de las compensaciones previstas.
¿Cómo se determina la “compensación” para quienes migran del antiguo al nuevo sistema de pensiones en Países Bajos?
El proceso de transición contempla un mecanismo de compensaciones únicas destinado a quienes, bajo el antiguo sistema, financiaron las jubilaciones de generaciones anteriores sin la garantía de recibir ese mismo apoyo en el futuro. Este ajuste busca equilibrar las diferencias intergeneracionales generadas por el cambio normativo, especialmente para quienes están en la franja de 40 a 50 años, segmento considerado más afectado por el corte de la “solidaridad intergeneracional” característica del sistema previo. La importancia de esta compensación radica en asegurar que la transición hacia un sistema más individualizado no signifique una pérdida de derechos para aquellos que, durante años, contribuyeron bajo otras reglas, neutralizando así el impacto financiero y social del nuevo modelo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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