
El Gobierno Nacional ha producido una gran incertidumbre entre cientos de miles de trabajadores colombianos al anunciar un plan de austeridad que contempla recortes significativos en los contratos de prestación de servicios. Esta medida, contenida en un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, busca hacer frente a la crisis fiscal y reducir el gasto público en 12 billones de pesos.
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Según el documento, las entidades del Estado deberán ejecutar un plan de reducción de gastos correspondiente a los contratos de prestación de servicios durante la vigencia 2025. Solo se permitirán aquellos contratos estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones institucionales.
Esta medida afectaría directamente a cerca de 900.000 trabajadores que se desempeñan bajo esta modalidad contractual en diferentes entidades del Estado, como la Agencia Nacional de Tierras, el ICBF, el ICA y el Ministerio de Salud. El sector de la salud, en particular, se vería considerablemente afectado, ya que el 81% de los trabajadores de clínicas y hospitales están vinculados bajo esta modalidad.
Cuáles son las entidades del Estado con más contratos por prestación de servicios
Ranking de entidades del Estado con más trabajadores con contratos a prestación de servicios:
- Agencia Nacional de Tierras: 14.200 contratos
- ICBF: 10.810
- ICA: 6.900
- Superintendencia de Industria y Comercio: 4.283
- Ministerio de Salud: 3.332
La precariedad laboral y la inestabilidad son las principales preocupaciones de estos trabajadores. Héctor Riveros, panelista de Blu Radio, señaló que “la manera de seleccionar el personal es muy distinta, por la inestabilidad de los trabajadores, su precariedad y una de las cosas más malas es que no se sabe si se necesitan o no”.
Néstor Morales, director de Mañanas Blu, coincidió en que esta medida produciría desigualdades, ya que no todos los cargos son iguales. “Uno no puede tratar con la misma vara a un corbata que a un médico que llega con prestación de servicios y ahí es donde comienza a trabajar el criterio”, afirmó.
Las organizaciones sindicales y los trabajadores afectados han expresado su preocupación por esta medida, advirtiendo sobre las posibles consecuencias sociales y económicas que podría tener. La eliminación de estos empleos produciría un aumento del desempleo y afectar la prestación de servicios públicos.
El Gobierno argumenta que esta medida es necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal del país y enfrentar la crisis económica. Sin embargo, los críticos señalan que los recortes podrían afectar negativamente a los sectores más vulnerables de la población y debilitar la capacidad del Estado para prestar servicios esenciales.
En los próximos días se espera que el Gobierno brinde mayores detalles sobre el plan de austeridad y las medidas que se implementarán para mitigar el impacto social de estos recorte.
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