El debate por el salario mínimo en Colombia acaba de subir de temperatura. Tras la suspensión del decreto anterior por parte del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa una cifra que para muchos parece un sueño y para otros una alarma: $2’155.000 mensuales.
Según el mandatario, este debería ser el “salario mínimo vital” para cerrar las brechas que se han abierto en las últimas dos décadas entre lo que producen los trabajadores y lo que realmente reciben en su cuenta bancaria.
La propuesta de Petro no salió de la nada. Se apoya en un análisis del economista Daniel Ossa, quien utilizando cifras de la OCDE, reveló que desde 1996 el salario mínimo ha crecido mucho menos que la productividad laboral.
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El dato clave: Entre 1996 y 2025, la brecha acumulada entre salario y productividad fue del 53,8 %.
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La torta se achicó: Mientras que en 1996 los trabajadores recibían el 64,9 % de la productividad, para 2022 esa cifra cayó al 34,2 %, el mínimo histórico.
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El cálculo: Si se hubiera cumplido la ley (inflación + productividad) desde hace 30 años, hoy el mínimo ya estaría por encima de los 2,1 millones de pesos y no en los $1.423.500 actuales.
El doctor en economía y profesor de la Universidad de Denver, Daniel Ossa presenta este estudio sobre la relación entre la productividad laboral y el salario real.
Desde el año 2002, en contravía de la sentencia de la corte constitucional C- 187 del año 1999, se separan las… https://t.co/BzQRa5PdDG
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 14, 2026
A pesar del entusiasmo del Gobierno y de sectores que piden incluso aumentos superiores al 23 %, abogados y expertos lanzan una advertencia seria: el Consejo de Estado está vigilando.
Ivonne Aristizábal Rojas, de Aristizábal & Rodríguez Legal Partners, asegura que si el Gobierno saca un nuevo decreto con el mismo 23 % o más, podría caer en un “desacato material”. El tribunal no solo frenó el aumento por la cifra, sino por la falta de criterios técnicos legales.
Por su parte, Alexander Bermúdez, director de Juridex Abogados, explicó que el Gobierno no puede simplemente cambiarle el nombre al decreto y mantener la cifra. “Si se aplican parámetros como el PIB y la inflación con rigor, no hay forma técnicamente honesta de llegar al 23 %“, sentenció.
Lo que viene para su bolsillo
El país queda ahora a la espera de un hilo muy delgado:
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El decreto transitorio: El Gobierno debe emitir una nueva norma que no “copie” la anterior.
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Presión social: Ministros como Edwin Palma ya piden a la ciudadanía movilizarse para defender el aumento.
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Riesgo de desacato: Si el Ejecutivo ignora la orden judicial de usar criterios técnicos (y no solo políticos), el salario mínimo podría quedar en un limbo jurídico aún más profundo.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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