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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha acelerado en los últimos meses sus procesos de fiscalización tributaria, impulsados por la masificación de la facturación electrónica y el uso de inteligencia artificial (IA) para el análisis de datos. Con esta estrategia, según la entidad, permite cruzar grandes volúmenes de información en tiempo real, detectando inconsistencias de forma automática y agilizando los procesos de verificación.
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Asimismo, la Dian ha destacado que en el primer semestre del año se identificaron inexactitudes en declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por más de 71.000 millones de pesos. Además, la autoridad tributaria anunció que realizará visitas a cerca de 2.000 contribuyentes, lo que refleja un monitoreo más estricto y continuo sobre comercios y empresas.
En este contexto, las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan un mayor riesgo de recibir requerimientos o sanciones. Alexander Grajales, abogado y fundador de Grupo Soluciones Legales, señaló que la mayoría de las irregularidades no obedecen a prácticas de evasión fiscal, sino a fallas técnicas o procedimentales en el cumplimiento de las obligaciones electrónicas.
“Hoy vemos sanciones que incluso paralizan operaciones por errores que pudieron evitarse con una revisión adecuada”, precisó Grajales. Entre los problemas más comunes, el experto menciona la presentación de declaraciones sin cumplir requisitos formales, la omisión de campos obligatorios, el uso de formatos erróneos y la falta de verificación de la información frente a la facturación electrónica registrada.
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Fallas que estarían cometiendo las empresas
Otros errores frecuentes incluyen inconsistencias en la transmisión de la nómina electrónica, gastos mal soportados, uso indebido del régimen simple de tributación o aplicación de beneficios sin reunir los requisitos legales.
Grajales enfatiza que el representante legal de la compañía es quien asume la responsabilidad directa por las inexactitudes, conforme al artículo 651 del Estatuto Tributario, que contempla sanciones de hasta el 1 % del valor de las operaciones incorrectamente reportadas, con un tope de 7.500 UVT (equivalente a 318 millones de pesos).
“Los empresarios están firmando documentos electrónicos con plena validez legal, pero sin un respaldo técnico ni una revisión jurídica previa, lo que los deja expuestos a multas significativas”, advirtió.
Para mitigar riesgos, el abogado recomienda implementar revisiones jurídicas periódicas de todos los procesos tributarios electrónicos, así como establecer contratos claros con los asesores contables y tributarios que definan responsabilidades y procedimientos de control. También sugiere mantener una actualización constante frente a los cambios normativos y realizar auditorías internas que fortalezcan el cumplimiento.
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