El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió en entrevista con El Tiempo la nueva reforma tributaria, asegurando que se centra en gravar a los sectores de ingresos medios-altos y altos, así como a empresas con mayor capacidad económica.
Explicó que, de no aprobarse, el presupuesto de 2026 tendría un déficit que obligaría a un recorte de más de 26 billones de pesos, algo que afectaría a muchas entidades oficiales en el país.
“Si el presupuesto sale aprobado como está planteado por 556,9 billones de pesos y no está la ley de financiamiento será necesario hacer un ajuste al presupuesto en esta proporción. Sin embargo, nuestra expectativa es que va a ser analizado, aprobado y compartido por el Congreso con la ley”, detalló el ministro en diálogo con ese diario.
Entre los impuestos planteados se incluyen aumentos en tabaco, licores, combustibles y bienes de lujo, además de mayores cargas al patrimonio desde los 2.000 millones y a las rentas altas.
El ministro desmintió que se cobre IVA a cuotas de administración o un impuesto del 30 % por venta de apartamentos, aclarando que solo se gravarán herencias de alto valor.
Ávila reconoció un leve impacto inflacionario por el alza en gasolina y ACPM, pero insistió en que será marginal.
También negó que la reforma afecte a la clase media o al turismo, aunque eliminó la exención de IVA para alojamiento de extranjeros. Destacó que los programas sociales compensarán posibles aumentos de pobreza monetaria.
Finalmente, el ministro aseguró que el gasto público no está desbordado y que el Gobierno está dispuesto a dialogar con el Congreso para introducir ajustes, siempre garantizando los recursos necesarios para financiar el presupuesto total de 2026.
Por qué habrá una nueva reforma tributaria en Colombia
La razón principal por la cual en Colombia se plantea una nueva reforma tributaria está ligada al problema estructural de las finanzas públicas. El país enfrenta una brecha entre lo que recauda y lo que gasta, especialmente porque los compromisos del presupuesto nacional son cada vez mayores. Gran parte de los recursos se destinan a cubrir gastos inflexibles como el pago de deuda, pensiones, nómina estatal y transferencias sociales.
Esto significa que más del 90 % del presupuesto ya está comprometido, dejando poco margen para inversión en infraestructura, salud, educación y programas sociales. Ante ese panorama, el Gobierno considera indispensable aumentar los ingresos tributarios para evitar un recorte drástico que pondría en riesgo tanto el funcionamiento básico del Estado como las políticas de apoyo a los sectores más vulnerables.
Otro motivo fundamental está relacionado con la equidad y la sostenibilidad del sistema fiscal. Durante años, la estructura tributaria en Colombia ha sido cuestionada por su poca progresividad, ya que la carga suele recaer con mayor peso sobre la clase media y los consumidores a través de impuestos indirectos como el IVA, mientras que sectores de ingresos altos o patrimonios grandes han contado con exenciones y beneficios que reducen su contribución.
La nueva reforma busca corregir en parte este desequilibrio, gravando más a quienes tienen mayores ingresos y patrimonios, así como a ciertos bienes de lujo o consumos que generan efectos negativos, como tabaco, licor o combustibles fósiles. Con esto, el Gobierno no solo pretende aumentar la recaudación, sino también mandar señales de justicia fiscal y desincentivar prácticas que afectan la salud pública o el medioambiente.
En síntesis, la nueva reforma tributaria se justifica porque Colombia necesita recursos adicionales para cubrir su presupuesto, garantizar la estabilidad fiscal y fortalecer los programas sociales.
Además, busca distribuir de manera más justa la carga impositiva, apuntando a que los sectores con mayor capacidad económica contribuyan más al sostenimiento del Estado y a la financiación del desarrollo nacional.
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