La Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de las sociedades Ingenio La Cabaña, Agroindustrias del Cauca y Alimentos Derivados de la Caña, empresas del Grupo La Cabaña con domicilio en Guachené, Cauca.
La decisión se produjo luego de que las propias compañías informaran al juez del concurso que no lograron consolidar un acuerdo de reorganización con sus acreedores dentro de los plazos establecidos por la ley y solicitaran la terminación del proceso de reorganización empresarial.
De acuerdo con la información entregada por las sociedades, la imposibilidad de alcanzar un acuerdo estuvo asociada a factores macroeconómicos, financieros y climáticos adversos, así como a la crisis que atraviesa el sector azucarero.
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A esto se sumaron problemas de liquidez, dificultades para acceder a capital de trabajo y condiciones operativas que afectaron la continuidad de los negocios.
La Superintendencia recordó que durante el trámite se cumplieron las distintas etapas previstas en la Ley 1116 de 2006, incluyendo la admisión al proceso de reorganización, la aprobación de la calificación y graduación de créditos y derechos de voto, así como la valoración del inventario de activos realizada en febrero de este año.
Sin embargo, al no concretarse un acuerdo dentro de los términos legales, el proceso de reorganización fue declarado fallido y se dio paso a la liquidación judicial.

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Con la apertura de la liquidación judicial se da por terminado el proceso de reorganización y comienza una nueva etapa orientada a la venta ordenada de los activos y al pago de las obligaciones de las compañías conforme al orden de prelación establecido por la ley.
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Entre los efectos inmediatos de la medida se encuentran la cesación de funciones de los órganos sociales y de los administradores, la adopción de medidas cautelares sobre los bienes de las empresas y la designación de un auxiliar de la justicia encargado de administrar el patrimonio y adelantar el proceso de liquidación.
“El proceso estará orientado a preservar el valor de los activos, asegurar la transparencia de las actuaciones y brindar certeza a todos los interesados sobre la forma en que se administrará y liquidará el patrimonio de las sociedades”, señaló la superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda.
La Superintendencia indicó que este mecanismo busca proteger el patrimonio de las sociedades, preservar el valor de los activos disponibles y garantizar un tratamiento ordenado para los acreedores involucrados en el proceso.
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