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El próximo 20 de julio, el gobierno del presidente Gustavo Petro radicará una reforma tributaria con la que espera recaudar 21,8 billones de pesos en 2027. La meta es que ese recaudo aumente gradualmente hasta 37 billones de pesos en 2030. El Ministerio de Hacienda, dirigido por Germán Ávila, ha insistido en que la política fiscal requiere nuevas fuentes de ingresos para garantizar su financiación.
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En este contexto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que solicitará al Ministerio de Hacienda incluir un impuesto dirigido a los agentes del mercado eléctrico. Según explicó, esos recursos se destinarían al pago de las deudas que enfrenta el sector y a cubrir los saldos pendientes de la opción tarifaria.
El sistema eléctrico acumula múltiples obligaciones financieras. Cifras de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) muestran que, con corte a marzo de 2026, las empresas comercializadoras enfrentaban un déficit de liquidez por 5,1 billones de pesos.
Ese monto se distribuyó en 1,6 billones de pesos por subsidios y contribuciones, 2,1 billones de pesos correspondientes a saldos no recuperados de la opción tarifaria y 1,4 billones de pesos por deudas de usuarios protegidos, entidades oficiales y alumbrado público.
Por su parte, cifras de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) indicaron que las obligaciones de la empresa Air-e podrían superar 2,5 billones de pesos en julio de 2026 y ascender a cerca de 3,03 billones de pesos al cierre del año. Estos pasivos están distribuidos entre agentes del mercado eléctrico y empresas generadoras, especialmente las plantas térmicas.
Las posiciones entre el Gobierno, los gremios y las empresas siguen divididas. Mientras el Ejecutivo busca financiar parte de estas obligaciones mediante nuevos impuestos, algunos gremios sostienen que deudas como las de Air-e deberían cubrirse con recursos del Presupuesto. El Gobierno, por su parte, argumenta que las finanzas públicas presentan un alto grado de rigidez, debido al peso de gastos como salud, pensiones, fuerzas militares, policía y el funcionamiento del Estado.
Aunque la administración Petro impulsará este último intento de reforma tributaria, la iniciativa llegará a pocas semanas de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El nuevo Gobierno heredará un panorama fiscal complejo, marcado por un presupuesto altamente inflexible y por las crecientes necesidades de financiación del sector energético. A ello se suman las deudas acumuladas en el mercado eléctrico y los rezagos en exploración y producción de petróleo y gas.
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