La Ley de Insolvencia Económica en Colombia, establecida mediante la Ley 1116 de 2006, es un mecanismo diseñado para ayudar a empresas, sociedades y personas dedicadas a actividades mercantiles que atraviesan graves dificultades financieras.
Su principal objetivo es evitar la quiebra total, permitiendo a los deudores reorganizar sus obligaciones mediante acuerdos con los acreedores, establecer nuevos plazos de pago y suspender procesos judiciales en curso.
Experta habla de la materia:
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Además, protege el dinero indispensable para los gastos básicos del deudor y su familia, lo que brinda un respiro en medio de la crisis económica.
Según la experta Zuly Villalobos Novoa, existen tres señales claras de que una persona o empresa debería considerar acogerse a esta ley: recibir constantes llamadas de cobro y amenazas de embargo por parte de los bancos; que el salario solo alcance para pagar deudas sin cubrir los gastos personales; y adquirir nuevas deudas para poder pagar las anteriores. Estas situaciones reflejan un nivel de endeudamiento insostenible.
El trámite de insolvencia se presenta ante diferentes instancias según el caso: jueces civiles municipales o de circuito para personas naturales no comerciantes, jueces mercantiles para comerciantes y empresas, o la Superintendencia de Sociedades si se trata de una empresa vigilada.
Es clave contar con asesoría legal especializada para evitar errores y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos.
Qué es la insolvencia económica y cómo se establece en Colombia
La insolvencia económica en Colombia es un mecanismo legal que busca proteger a las empresas, comerciantes y personas naturales no comerciantes que enfrentan serias dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Se encuentra regulada por la Ley 1116 de 2006 y funciona como una especie de salvavidas que les permite a los deudores reorganizarse antes de llegar a la quiebra total.
Su finalidad principal es ofrecer la posibilidad de negociar directamente con los acreedores, bajo la supervisión de un juez o la Superintendencia de Sociedades, para llegar a acuerdos de pago que resulten viables tanto para el deudor como para quienes esperan recuperar su dinero. Este proceso tiene como ventaja que, mientras se desarrolla, se suspenden los procesos judiciales y embargos que se puedan adelantar contra el deudor, lo que brinda un espacio de respiro financiero.
Para acogerse a la insolvencia, el deudor debe demostrar que está en una situación crítica, es decir, que no tiene capacidad de cumplir con dos o más obligaciones vencidas y que estas representen una parte significativa de su pasivo total.
Una vez se presenta la solicitud, el juez o la autoridad correspondiente estudia la viabilidad del proceso y, si se cumplen los requisitos, se da inicio formal al trámite. A partir de allí, se nombra un promotor que se encarga de revisar la situación financiera, convocar a los acreedores y proponer un plan de pago. Dicho plan puede incluir plazos más largos, reducción de intereses, o inclusive acuerdos de quita parcial de la deuda, siempre con la aprobación de la mayoría de acreedores.
Este procedimiento no solo protege al deudor, sino que también busca garantizar que los acreedores recuperen al menos parte de lo adeudado. Además, protege los recursos mínimos necesarios para que el deudor y su familia puedan mantener un nivel básico de subsistencia.
Por eso, la insolvencia económica se entiende como una herramienta de reorganización, más que como una vía de escape, pues su propósito es permitir que las personas y empresas retomen el control de sus finanzas de manera ordenada y sostenible.
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