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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Ago 28, 2026 - 7:55 am

En medio de la compleja coyuntura social y económica que atraviesa el país tras la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 5.4 registrado el pasado 10 de agosto —evento que dejó considerables afectaciones estructurales en varias regiones del territorio nacional—, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó una advertencia categórica y puso un freno de mano a los abusos que algunos sectores económicos y operadores de telecomunicaciones pretendan cometer aprovechándose de la tragedia. A través de un enérgico pronunciamiento oficial divulgado en sus redes sociales, el jefe de Estado dejó en claro que la solidaridad nacional no puede ser vulnerada por prácticas especulativas ni cobros desproporcionados en momentos de vulnerabilidad ciudadana, marcando una línea roja frente al comportamiento del mercado en plena fase de reconstrucción.

La directriz presidencial respaldó de inmediato las acciones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que expidió un paquete de medidas especiales de carácter obligatorio dirigidas a impedir alzas injustificadas en los precios de los bienes esenciales de la canasta básica, combatir de manera frontal el acaparamiento de productos, erradicar la publicidad engañosa y sancionar cualquier maniobra que atente contra la libre competencia en los mercados locales y regionales. Sin embargo, uno de los apartados más sensibles e impactantes de la intervención estatal recae sobre los gigantes de la telefonía móvil y la conectividad que operan en el país, tales como Claro, Tigo, WOM y demás empresas del sector, las cuales quedaron bajo la lupa estricta del Gobierno tras las múltiples fallas en las redes reportadas durante y después de la emergencia sísmica.

En este sentido, el mandatario fue enfático al estipular una regla de oro para proteger el bolsillo de los usuarios afectados: “Los servicios de telecomunicaciones interrumpidos por la emergencia no podrán ser cobrados durante el tiempo que permanecieron suspendidos”. Esta disposición busca aliviar de manera inmediata la carga financiera de miles de familias que, además de lidiar con los daños materiales en sus viviendas o la pérdida temporal de conectividad, se veían expuestas a cobros automáticos por servicios que las redes colapsadas no pudieron garantizar durante las horas críticas posteriores al movimiento telúrico. La medida obliga a las compañías a realizar los ajustes urgentes en sus facturaciones y plataformas de pago, evitando tajantemente que los ciudadanos terminen pagando por fallas técnicas ajenas por completo a su voluntad.

“La emergencia no puede convertirse en una oportunidad para abusar de los colombianos. En medio de la reconstrucción, proteger el bolsillo y los derechos de los colombianos también es una prioridad”, sentenció el presidente De La Espriella al justificar la necesidad de endurecer el control institucional en plena etapa de recuperación de infraestructura y normalización de los servicios públicos esenciales. Con estas disposiciones de carácter coercitivo, el Ejecutivo busca blindar de forma absoluta a los consumidores frente a la especulación comercial y garantizar que el esfuerzo de reconstrucción nacional camine estrictamente de la mano con la vigilancia rigurosa de los derechos fundamentales y económicos de la ciudadanía en todo el territorio nacional, advirtiendo que cualquier infracción a estas órdenes acarreará drásticas sanciones administrativas y legales para los infractores.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.

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