Luego de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) por las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, el sector de la infraestructura indicó que sufrió un “duro e histórico revés”, puesto que se incluyeron seis artículos que abrirían “un enorme boquete para que prolifere la entrega de obras civiles fallidas”.
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Así lo afirmó la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), según la cual significaría “corrupción y obras fallidas” y estimularían “la mediocridad técnica”.
Se trata de los artículos 79, 98, 99, 277, 351 y 366 del PND, pues “dan vía libre a la contratación directa en favor de ciertos segmentos poblacionales y en detrimento de otros”, advirtió la entidad.
Y manifestó que dichos artículos van en contravía con una “conquista histórica” del sector infraestructura: los pliegos-tipo (Ley 1882 de 2018) que evitan licitaciones amañadas y propenden por la pluralidad de oferentes en las mismas.
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De acuerdo con la CCI, los artículos mencionados limitan la pluralidad de oferentes y afectan la libre competencia en ciertos procesos de contratación con el Estado, porque le abren la puerta a la contratación directa.
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En un comunicado, la CCI detalló que el PND permitiría que, a través de la figura de Asociaciones Público-Populares, grupos comunitarios se encarguen de obras con labores especializadas y no los ingenieros, “quienes son, justamente, los profesionales idóneos para tal fin”, señalaron.
Por esto, la entidad denunció que los proyectos que se llevarían a cabo de aquí en adelante en el país no contarían con la planeación requerida (estudios y diseños).
“Con un deficiente ejercicio de planeación, los recursos destinados a financiar la iniciativa nunca serán suficientes. La consecuencia se verá reflejada en obras inconclusas y con muy bajos estándares de calidad”, advirtió la CCI.
¿Pequeñas empresas en riesgo?
Otro de los reparos de la CCI es que el articulado aprobado traería el fin de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería del país.
Para la entidad, la razón tiene que ver, precisamente, con todos los argumentos anteriormente expuestos y que se relacionan con la falta de competencia, la concentración de la contratación en manos inexpertas y la proliferación de contratos permeados por la corrupción”, concluyeron.
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