La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) marcará, en palabras del presidente Gustavo Petro, el inicio de su Gobierno, pero también de nuevas polémicas y preocupaciones que llevarán a la oposición a demandar la legalidad del proyecto ante la Corte Constitucional.

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El texto definitivo fue conciliado en la madrugada de este viernes, luego de una intensa jornada de debates. En Twitter, el Jefe de Estado manifestó: “El Congreso ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia mundial de la Vida’; con mi firma se convertirá en ley y comenzará de lleno nuestro gobierno. Hasta ahora habíamos gobernado con el Plan de Duque”, refiriéndose a su antecesor en la Casa de Nariño.

Poco tiempo después comenzó la andanada de los partidos de oposición. El Centro Democrático anunció que demandará el PND ante la Corte Constitucional “por vicios de procedimiento”.

En un comunicado, la colectividad señaló que “a espaldas de los senadores y sin dar lectura a las proposiciones, en el artículo 55 se aprobó la expropiación de predios para la reforma rural (…). En el debate del Senado, el presidente de esa corporación, Roy Barreras, no leyó la preposición completa, solo comentó que se modificaba el numeral 2, cuando se modificaba el 2, 3, un parágrafo y se añadían dos numerales y dos parágrafos más”.

Sobre el artículo 55 también se pronunció la excandidata la vicepresidencia y representante a la Cámara por la Liga Anticorrupción, Marelen Castillo. “El artículo 55 permite al gobierno comprar tierras mediante expropiación. Si los propietarios no venden, el IGAC aumentará el impuesto predial para obligarlos a vender”, indicó, recordando que en la pasada campaña presidencial, Gustavo Petro y Francia Márquez firmaron ante un notario que no harían expropiaciones.

El artículo 55, titulado “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”, no contiene de manera explícita el término “expropiación”; sin embargo, aumenta los poderes de la Agencia Nacional de Tierras para adquirir y sanear terrenos de interés para el Gobierno.

El tema hace parte de la política rural de Gustavo Petro, que propone formalizar 3,9 millones de hectáreas “para superar conflictos de tierra” y entregar 2,9 millones de hta para restitución y titulación.

El Partido Conservador también dijo que demandará el artículo 61, porque “pone en riesgo la propiedad privada”.

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De otro lado, entre los artículos que no sobrevivieron están las facultades que pedía Petro para crear una Agencia de Seguridad Digital y otra dedicada a proyectos forestales, que dependieran de su despacho (art. 353 y 329); también se cayó el artículo 153, que proponía una sobretasa al impuesto predial para financiar sistemas de transporte masivo.

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