La situación financiera de Air-e la llevó directo a una intervención estatal que inició el 30 de agosto del año pasado. Desde entonces, la empresa ha atravesado un proceso de toma de posesión por parte del Gobierno Nacional, con el objetivo de superar una crisis marcada por elevadas deudas, atrasos en pagos a proveedores y un deterioro en su operatividad.
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El más reciente diagnóstico, presentado por Edwin Palma, actual agente interventor de la compañía, reveló que Air-e enfrenta graves problemas financieros. Entre los principales hallazgos se destacan cuatro períodos consecutivos con indicadores financieros negativos, retrasos en el plan de inversiones en redes y una caja limitada que compromete la operación diaria.
Sin embargo, los dueños de la empresa refutaron el informe, calificándolo de impreciso y carente de un análisis profundo de las causas estructurales que llevaron a la crisis. A pesar de esto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decidió poner a Air-e bajo una toma de posesión con fines liquidatorios, aunque con una etapa previa de administración para buscar una posible recuperación.
“Dicha modalidad de intervención permite que la empresa continúe desarrollando con normalidad su objeto social y se garantice la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica”, explicó en Portafolio Javier Lastra, especialista en el sector eléctrico.
¿Air-e se puede salvar de la liquidación?
A pesar de las señales de alarma, expertos en el sector sostienen que la liquidación de Air-e no es un hecho consumado. Según detalló Lastra, esta etapa de intervención permite explorar soluciones que podrían evitar la disolución definitiva de la empresa.
“Si en el camino se encuentran las soluciones para que las causales de la toma de posesión podrían incluso devolvérsele al dueño y no proceder a su liquidación”, comentó Lastra en el periódico. Para ello, es clave que la administración temporal logre garantizar la continuidad del servicio de energía mientras se toman medidas para estabilizar las finanzas y restablecer la confianza de los inversionistas.
Un factor clave en este proceso será la colaboración con el Ministerio de Hacienda, que podría proporcionar recursos para garantizar la prestación del servicio en las áreas atendidas por Air-e, que representan más del 10 % de la demanda energética del país.
El problema para la empresa es que carece de garantías financieras y tiene deudas acumuladas que ascienden a 800.000 millones de pesos, incluyendo 400.000 millones pendientes con generadoras térmicas.
¿Qué pasará si Air-e no se recupera?
En caso de que la empresa fracase en su intento de recuperación, las consecuencias podrían afectar a todo el sector eléctrico del país. Según Lastra, un colapso de la compañía ocasionaría riesgos para los agentes generadores, lo que podría impactar tanto la estabilidad del sistema como el suministro energético en la región Caribe.
Por otra parte, los usuarios también enfrentarían riesgos, como interrupciones en el servicio y un aumento en las tarifas debido a los costos asociados con la reestructuración del suministro energético en una región tan amplia del país.
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