Un nuevo decreto expedido durante las últimas horas del Gobierno de Gustavo Petro abrió una discusión sobre la seguridad social de los repartidores que trabajan mediante aplicaciones como Rappi en Colombia. El Decreto 0991 de 2026 establece nuevas reglas para calcular los aportes de salud, pensión y riesgos laborales, pero el sector de plataformas considera que algunas disposiciones se apartan de lo establecido en la reforma laboral.
La controversia se concentra en la manera como la norma determina el Ingreso Base de Cotización (IBC), es decir, el valor que se toma como referencia para calcular cuánto deben aportar trabajadores y empresas al sistema de seguridad social.
El punto de partida está en la Ley 2466 de 2025. Esa norma estableció que, cuando los repartidores trabajen como independientes, las empresas de plataformas deben asumir el 60 % de los aportes a salud y pensión y el 100 % de los riesgos laborales. Los trabajadores, por su parte, deben cubrir el 40 % restante de salud y pensión.
Además, el artículo 27 de esa ley fijó que el IBC corresponde al 40 % de los ingresos totales que obtenga el repartidor en cada plataforma. Sin embargo, el nuevo decreto introduce reglas adicionales que, según los representantes de las aplicaciones, pueden modificar en la práctica ese cálculo.
¿Qué cambia con el nuevo decreto para los repartidores?
Uno de los principales puntos de discusión está en los trabajadores que reciben menos de un salario mínimo mensual. Para ellos, el decreto establece mecanismos específicos de cotización y aproximaciones que pueden elevar la base sobre la cual se calculan algunos aportes.
En pensión, por ejemplo, la norma contempla aproximaciones por cuartos de salario mínimo, mientras que para riesgos laborales establece una base mínima equivalente a un salario mínimo. Esto despierta preocupación entre las plataformas porque muchos repartidores trabajan pocas horas y obtienen ingresos reducidos.
El caso de los riesgos laborales es uno de los que más cuestionamientos ha provocado. El gremio sostiene que obligar a las empresas a pagar sobre una base mínima de un salario mínimo podría resultar especialmente costoso cuando un repartidor utiliza una aplicación durante pocas horas al mes.
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, cuestionó el decreto y aseguró: “Denunciamos que el gobierno Petro acaba de sacar el Decreto 0991 de 2026, que destruye lo logrado en seguridad social para repartidores que trabajan a través de apps. Por esta irresponsabilidad, pueden destruirse miles trabajos en su mayoría jóvenes migrantes”.
López pidió al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella revisar la reglamentación y preservar el acuerdo alcanzado durante la discusión de la reforma laboral. El gremio considera que las nuevas reglas podrían afectar la viabilidad económica del modelo de trabajo de los repartidores.
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