Al caso del contrato que entregó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la Unión Temporal Centros Poblados para dotar de internet a escuelas en regiones apartadas del país le han saldo tantas aristas que cada vez resulta más difícil entenderlo.

Pero la representante a la Cámara por el Partido Verde (oposición) Katherine Miranda logró ponerlo en unos términos que no solo muestran la gravedad del hecho, sino que dejan ver el enorme reto que tiene la minTIC, Karen Abudinen, cuando tenga que explicar el caso ante el Congreso, que la citó a una moción de censura.

Será la única forma de verle la cara a la ministra Abudinen, pues después de que estalló el escándalo no ha dado explicaciones. Hasta Juan Diego Alvira la puso en evidencia con una llamada que le hizo al aire, pero sin obtener respuesta.

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Según explicó Miranda en Noticias Caracol, fueron 10 compañías las que participaron por la adjudicación del contrato. “La adjudicación es una continuidad de lo que se llamaban kioscos Vive digital, que se acabaron y con la llegada de la ministra Abudinen se abrió para poder adjudicar la posibilidad de que los niños en las zonas rurales tengan internet”, precisó Miranda.

Agregó que, de esos 10 proponentes, solo tres tenían experiencia en asuntos digitales (entre ellos, ETB y Comcel). “La licitación se divide en adjudicaciones que se tenían que hacer. Una se la gana Comcel y otra la Unión Temporal Centros Poblados”, continuó la congresista.

“La Unión Temporal la tienen cuatro grandes empresas, pero, de esas, solamente una tiene experiencia frente al tema de redes de comunicaciones”, precisó Miranda. “Entre las otras empresas está ICM, bastante cuestionada. Es una empresa que no tiene absolutamente ninguna relación con las tecnologías. Antes venía de una relación de vías y hasta cosas de ferretería. Es una vaina absurda”.

Otras de las empresas son Intec y Omega Buildings, que, de acuerdo con Miranda, tampoco tienen experiencia. “Todas, más o menos, en el sector de construcción”.

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“El contrato tiene un monto global de 2,1 billones de pesos y se le adjudica a Comcel y Centros Poblados. Y cada una tiene una adjudicación de un billón de pesos larguito”, resumió la representante a la Cámara, una de las citantes a Abudinen. “El objeto del contrato era entregarle 7.500 puntos de tecnología a estos lugares [escuelas en zonas apartadas]”.

Miranda contó que cuando se empezaron a mirar estas 10 grandes empresas que entraron a competir por la licitación, una de las primeras alertas que se da es que, casualmente, “una de las personas que es apoderada de una de las empresas también pertenecía al despacho de la ministra, era abogado del despacho de la ministra”.

“No era asesor del MinTIC; era asesor del despacho”, subrayó la congresista. “Es decir, tenía una relación directa con la ministra, y también estaba participando en la licitación. Grave, gravísimo, que cuando se denuncia este hecho, la ministra lo niega y el abogado lo niega, pese a que estaba en papeles claramente que hacía parte del despacho de la ministra. Posteriormente dicen que llegan a un acuerdo y terminan el contrato. Pero él se mantiene en la licitación”.

La sombra de Emilio Tapia, el del  carrusel de la contratación en Bogotá

La empresa para la que también trabajaba el abogado perdió “por obvias razones, porque ya se había evidenciado un claro conflicto de intereses”, dijo Miranda.

“Hay un entramado que es complicado de explicar: detrás de ICM está la sombra de Emilio Tapia, que todos lo conocemos en el país, ligado completamente, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá”, destacó.

También precisó que ICM Ingenieros tiene el 35 % de esa Unión Temporal. Funtic y las otras empresas que conforman la Unión Temporal “tienen otros contratos no solamente con el Gobierno Nacional, sino con entes territoriales, bastante cuestionados y que hoy en día tienen alertas por parte de la Contraloría y unos hallazgos importantes en temas de que se también se están perdiendo dineros por ese lado”.

“Además, ICM es una empresa que le pertenecía al cuestionado exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz. Casualmente se le vende a la sombra, dos meses antes de adjudicar este gran contrato, a Emilio Tapia, que empieza a colocar unos nombres rarísimos”, reveló Miranda.

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“Pero acá hay algo muy grave y es que justo se adjudica a Unión Temporal y un día después de haberse entregado la licitación se cambia el nombre porque quien firma, entre comillas, este documento con el MinTIC no es realmente el nuevo dueño, sino el dueño anterior. Falsificaron también. Dejaron al dueño anterior como firmante del contrato y no realmente a quien había comprado, que es uno de los amigos íntimos de Emilio Tapia”, siguió la congresista.

Otra cuestión que calificó como “grave” es que como se trata de un contrato billonario, “se presume que tiene que haber un control previo frente a cómo se van a distribuir estos dineros. El MinTIC dice: ‘Acá se adjudica un contrato de interventoría para que cuide los recursos públicos, para que verifique que los documentos sean los adecuados antes del desembolso’. Y esta interventoría que les cuesta a los colombianos 19.500 millones de pesos, se le pasaron cuatro pólizas falsas”.

Pero lo que agrava aún más esto es que el Ministerio también contrata otra empresa a la cual le paga 546 millones de pesos, exclusivamente para que revise todo el tema de pólizas, y a ellos también se les pasan cuatro pólizas falsas. Es el Banco Itaú el que denuncia que ninguna de estas pólizas fue firmada con esa entidad financiera y que son falsas”.

También recordó que seis meses después de que se adjudica el contrato por parte del Ministerio, se demuestra que mientras Comcel había puesto ya 700 puntos, Unión Temporal no había puesto nada. “Se inventaron un montón de cosas como la pandemia, los bloqueos”, dijo.

“La ministra tiene que responder por qué se desembolsaron los 70.000 millones de pesos, porque es que hay una interventoría que supuestamente tiene que garantizar que hay unas facturas y unos recibos que tienen que estar para que haya un desembolso”, advirtió Mirada. “Nunca se entregaron esas facturas, nunca se entregaron esos recibos. Sin embargo, se dio un desembolso”.

“La ministra le mintió al país en todos los medios de comunicación. Acá vino, Juan Diego, [a Noticias Caracol] y dijo que esa plata no se iba a perder o si no ella se iba para el cementerio. Le mintió al país porque es que esto no se acabó de descubrir. Acá hubo unas alertas tempranas que se dieron por parte de muchas empresas. La ministra tiene que entender claramente que, entre sus funciones, está que se ejecute correctamente el presupuesto”, concluyó la congresista.

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