La Contraloría General anunció proceso de responsabilidad fiscal para quienes participaron en la entrega del jugoso anticipo por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dotar de Internet a 7.277 colegios rurales del país.
Los soportes y garantías bancarias presentadas para el desembolso aparentemente carecen de legitimidad, motivo por el que se teme por la pérdida del dinero, aunque la Centros Poblados afirmó que ya invirtió todo el capital en la compra e instalación de equipos, lo que tendrá que demostrar ante la Fiscalía.
Al respecto, la Contraloría abrió proceso con medidas cautelares y rastreo de bienes y cuentas bancarias a los salpicados por el escándalo.
Es así como quedaron bajo la lupa: Adriana Meza, representante legal del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones; Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual, y Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato, relacionó El Tiempo.
A su vez, corren la misma suerte las empresas de la Unión Temporal, como lo son: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros; e Intec de la Costa.
Otras compañías investigadas, según el medio, son: Omega Building Constructora; el Consorcio PE2020 C Digitales, conformado por PMO Solycom, Eurocontrol y Telemediciones; y la Fiduciaria BBVA Asset Management.
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