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Se conocieron más detalles de la contrarreforma pensional que radicará el Centro Democrático a finales de octubre de 2026. La iniciativa busca modificar varios de los componentes de la Ley 2381 de 2024, aprobada durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Cabe mencionar que la reforma pensional del gobierno Petro fue aprobada en su estructura principal por la Corte Constitucional, aunque el alto tribunal devolvió nueve artículos a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de trámite y la Cámara solicitó 30 días hábiles adicionales para corregirlos.
La contrarreforma plantea tres modificaciones principales: libertad para elegir quién administra los ahorros pensionales, devolución de saldos para quienes no cumplan los requisitos para pensionarse y mayores garantías para proteger los recursos y asegurar el pago de las mesadas.
La FM conoció el texto completo de la iniciativa, liderada principalmente por la senadora Claudia Margarita Zuleta, junto con los senadores Andrés Forero y Zandra Bernal.
Libertad para escoger fondo
La propuesta elimina la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones sobre los ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos. En su lugar, los afiliados podrán elegir entre el fondo público y uno privado para administrar sus aportes correspondientes a ese rango salarial.
El proyecto también permitiría trasladarse entre Colpensiones y un fondo privado cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría obligatoria. Entre fondos privados, los cambios podrían realizarse cada seis meses.
La posibilidad de elegir también cobijaría a quienes actualmente están afiliados a Colpensiones y no pertenecen al régimen de transición.
“Las personas que, a la entrada en vigor de la presente ley, se encuentren afiliadas a Colpensiones y no estén cobijadas por el régimen de transición previsto en el artículo 75 de la Ley 2381 de 2024 podrán elegir libremente entre Colpensiones y una Administradora del Componente Básico de Ahorro Individual”, señala el parágrafo transitorio del artículo 4.
Para quienes cotizan sobre ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos, la iniciativa establece un plazo de seis meses para elegir la administradora de los aportes que excedan ese umbral. Si no lo hacen, se les asignaría un fondo de manera aleatoria.
Devolución de saldos
Otro de los cambios permitiría que las personas que lleguen a la edad de pensión sin cumplir los requisitos para acceder a una jubilación elijan entre distintas alternativas, incluida la devolución total de sus ahorros con rendimientos.
La propuesta contempla opciones como la devolución de saldos, la indemnización sustitutiva, una mensualidad vitalicia, una prestación anticipada, un beneficio económico periódico o una pensión familiar, según las condiciones aplicables a cada afiliado.
El artículo 5 del proyecto establece que quienes coticen en el pilar contributivo y no cumplan los requisitos para obtener una pensión integral de vejez podrán optar por alguna de estas alternativas.
Propiedad del ahorro y Estado como garante
La contrarreforma también establece que los recursos de las cuentas individuales serán patrimonio autónomo de los afiliados y estarán separados del patrimonio de las administradoras.
Además, plantea que los fondos inviertan los recursos con el objetivo de obtener la mejor mesada pensional posible, con una reducción gradual del riesgo a medida que el afiliado se acerque a la edad de jubilación.
El proyecto también señala que el Estado será el garante final de todas las pensiones y podrá exigir responsabilidades a las administradoras que incumplan sus obligaciones.
“El Estado es el garante final de todas las pensiones, en particular cuando circunstancias ajenas a la gestión de las administradoras pongan en riesgo la financiación de las mismas”, indica el artículo 8.
El mismo apartado establece que, cuando las administradoras incumplan sus obligaciones, el Estado podrá actuar contra su patrimonio y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno.
El Centro Democrático prevé presentar el proyecto esta semana ante el Congreso de la República. Entretanto, los sectores políticos están a la espera de conocer la posición del Gobierno Nacional frente a la iniciativa, en medio de las expectativas por su apoyo.
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