La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) fijó posición frente al borrador de decreto que busca aplicar controles estrictos a plataformas de alojamiento como Airbnb. La propuesta, que establece un Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo (RNT), contempla que las cámaras de comercio crucen datos en tiempo real con la DIAN, Migración Colombia y alcaldías para confirmar que cada prestador cumple con los requisitos antes de operar.
Para Anato, la discusión no es nueva y responde a un problema estructural. Paula Cortés Calle, presidenta del gremio, aseguró que “hay noticias que no son ciertas”, y recordó que los sectores turísticos llevan años trabajando con distintos gobiernos para enfrentar la informalidad. Según Cortés, en el actual gobierno “la ministra de Comercio y Turismo ha entendido la necesidad que se le ha planteado sobre la gran necesidad que hay en el país y la inseguridad que esta informalidad genera al turista nacional e internacional”.
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La dirigente gremial subrayó que el RNT, obligatorio para agencias de viajes, alojamientos y parques temáticos, hoy opera más como un trámite declarativo que como un filtro real. “Ese registro nacional de turismo se expide en las cámaras de comercio del país con unos requisitos muy fáciles. Hoy en día es un registro declarativo, pero no hay una mayor confirmación de que lo que se dice allí sea real”, advirtió.
Cortés explicó que en las conversaciones recientes participan todos los sectores, incluidas “las plataformas electrónicas, porque ha estado en la conversación”. En este contexto, Anato prepara un nuevo bloque de observaciones: “Anato va a hacer los terceros comentarios al borrador del decreto”.
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La presidenta del gremio insistió en un punto clave: la interoperabilidad. “Vamos a seguir insistiendo en que este registro tenga una interoperabilidad. Que ese registro se valide permanentemente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y con la Superintendencia de Comercio”, dijo. El objetivo es que, cuando un operador tenga el RNT suspendido, el turista pueda identificarlo y evitar riesgos: “Estamos pidiendo que haya una interoperabilidad para que cuando el registro esté suspendido, el turista sepa (…) si es un actor activo de la cadena del sector turístico”.
Para Cortés, la formalidad no solo es un requisito legal, sino la base para competir en igualdad: “Como intermediarios de la cadena turística nos interesa que todos estén cumpliendo la reglamentación bajo la ley para que todos estemos en igualdad de condiciones”. Agregó que la informalidad afecta directamente la seguridad: “Todo el mundo en el país se queja de que hay una gran informalidad (…) y al momento que el ministerio quiere hacer algún tipo de control, aparecen estas voces que no le ayudan para nada al país en materia de seguridad”.
Sobre el posible impacto económico, Cortés fue clara: “No, no creo que se afecte nada”. A su juicio, la mayoría de anfitriones de plataformas ya cuentan con RNT. El problema, dijo, está en “algunos apartamentos que quieren obtener la actividad física y esas plataformas les dan apertura a que vendan sin cumplir los requisitos”. Para ella, la regla debe ser uniforme: “No está bien que en una plataforma unos sean legales y otros no”.
En cuanto a Airbnb, descartó cualquier impacto negativo relevante: “Ni se va a ir del país ni va a haber una mayor afectación porque esto pase. Todo lo contrario, realmente lo que creemos es que todo va a ser beneficioso”.
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