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Un análisis del Banco de la República advierte que en Colombia el fuerte incremento del salario mínimo para este año sí tendría efecto sobre la inflación, contrario a lo manifestado por el Gobierno en varias oportunidades.
Hernando Vargas, gerente técnico del emisor, explicó que el ajuste de más del 23 % en la remuneración básica de los trabajadores se sitúa significativamente por encima de la inflación de 2025 (5,1 %), pues el aumento real del salario fue del 18 %.
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El equipo técnico del BanRep concluyó en el más reciente Informe de Política Monetaria que se espera una presión considerable en el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por dos razones.
En primer lugar, en 2025, el crecimiento de la productividad laboral apenas alcanzó el 0,9 %. Según Vargas, una baja productividad impide que bajen los costos de las empresas y en el caso de un salario mínimo alto les hace más difícil compensar el ajuste, por lo que se ven obligados a subir los precios.
En segundo lugar, en Colombia hay una gran cantidad de trabajadores vinculados a este ingreso, pues los empleados que devengan un salario mínimo representan el 17 % de los ocupados totales del país y el 47 % del empleo asalariado formal.
Además, el mínimo en Colombia equivalía al 64 % del ingreso laboral medio el año pasado, una cifra muy superior a la de otros países de la región como México (47 %) o Chile (50 %), lo que amplifica el efecto de cualquier incremento sobre los costos de las empresas.
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Impactos en el PIB potencial e informalidad
El análisis del Banco de la República advierte que los efectos de ajustar el salario mínimo por encima de lo recomendado en la ley van más allá de los precios, afectando la estructura misma de la economía.
Según los modelos macroeconómicos utilizados, un choque de esta magnitud puede reducir el PIB potencial y la actividad económica a largo plazo al aumentar los costos marginales de producción.
Así mismo, se prevé un incremento en la informalidad laboral. El aumento en los costos de contratación reduce la demanda de horas de trabajo formal —con una caída estimada de hasta el 20 % en el largo plazo para trabajadores de baja calificación—, lo que fuerza a los hogares a buscar ingresos en el sector informal para compensar la pérdida de empleos formales.
“Hemos visto que la informalidad es la que responde más al cambio en el salario mínimo, no tanto la tasa de desempleo”, dijo Vargas, al tiempo que reconoció que hay poca evidencia, dado que es la primera vez que el país atraviesa por una situación de este tipo.
La carga sobre la política monetaria
El gerente técnico del BanRep enfatizó en que cuando la inflación y sus expectativas se encuentran lejos de la meta del 3 %, como ocurre actualmente, se impone una carga más pesada sobre la política monetaria, que debe endurecerse para corregir el rumbo y garantizar la estabilidad de los precios.
Tanto la entidad como los analistas han sido enfáticos en que la tendencia de las proyecciones del IPC cambió desde que se conoció la decisión del Gobierno de decretar un aumento histórico del salario mínimo.
Según Vargas, con el simple hecho de que la inflación esperada para el final de este año sea mayor que antes (pasó del 4 % al 6 %), se puede hablar de una relajación de la política monetaria independientemente de si el banco central hizo ajustes o no, pues cae la tasa de interés real ex-ante (la que se calcula con la inflación proyectada).
Lo anterior presiona la demanda a corto plazo porque resulta menos oneroso para los hogares y empresas endeudarse para gastar o dejar de ahorrar, dado que el costo real del dinero disminuye ante la perspectiva de precios más altos.
Ante un escenario de exceso de demanda y una inflación básica con tendencia al alza, Vargas señaló que al Banco de la República le corresponde corregir mediante el ajuste de las tasas de interés.
De hecho, la Junta Directiva ya aumentó la tasa en 100 puntos básicos en la sesión de enero, ubicándola en el 10,25 %, para intentar reanclar las expectativas y eliminar los excesos de capacidad productiva.
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