El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha decretado un aumento histórico del salario mínimo para 2026 con un alza del 23,78%, llevando el salario mínimo legal vigente (SMLMV) a 1.750.905 pesos, y con el auxilio de transporte incluido llega a 2.000.000 de pesos mensuales. Este ajuste se ubica entre los incrementos más altos de las últimas tres décadas y supera ampliamente los ajustes recientes vistos en el país; superando el incremento del 12 % del salario mínimo en 2024 y el 9.5 % en el 2025 y se ubica por encima de la inflación y la productividad promedio del país.
Actualmente, cerca de 2.4 millones de trabajadores formales reciben el salario mínimo en Colombia, junto con millones más que ganan menos de ese monto dentro la economía informal. Si bien la medida busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, su impacto también plantea importantes desafíos legales y financieros para el sector empresarial, en especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
“Desde una perspectiva jurídica, el incremento del salario mínimo no solo impacta el valor de la nómina, sino que genera un efecto dominó sobre todas las obligaciones laborales asociadas. Para las pequeñas y medianas empresas, este ajuste implica revisar contratos, estructuras salariales y proyecciones financieras, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo sin poner en riesgo la sostenibilidad del negocio.” Afirmó Fabio Castro, director de Cafore Abogados.
Distintos gremios empresariales han señalado los riesgos y desafíos significativos para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas, como la presión sobre costos laborales en el que se refleja una carga adicional en el pago de horas extras, aportes de seguridad social y prestaciones sociales o la pausa de creación de empleo con la implementación de contratos por menos horas e incluso el encarecimiento de créditos y consumo, afectando la competitividad empresarial.
Claves legales para mitigar el impacto en las empresas
Expertos en derecho laboral y penal señalan que una transición frente al aumento del salario mínimo exige una planeación estratégica de nómina y conocimiento normativo. Desde una perspectiva legal y estratégica, existen alternativas que permiten mitigar el impacto sin vulnerar los derechos de los trabajadores.
1. Aprovechamiento de apoyos estatales para empresas en consolidación: Las empresas y/o emprendimientos pueden apoyarse en programas estatales como el Fondo Emprender, cuyos auxilios están indexados al salario mínimo y pueden contribuir a compensar el mayor costo de contratación, siempre que exista una correcta destinación de los recursos.
2. Planeación estratégica de la nómina: no todos los salarios deben incrementarse automáticamente. Desde una perspectiva legal, solo aquellos que queden por debajo del nuevo SMLMV deben ajustarse, mientras que los salarios superiores pueden revisarse con base en el IPC u otros criterios previamente pactados. Esta distinción permite una gestión responsable de los costos laborales, especialmente en las pymes.
3. Implementación de compensaciones no salariales: Otra alternativa válida es la implementación de compensaciones no salariales, como beneficios extralegales de alimentación, transporte, bienestar o capacitación, que mejoran el ingreso real del trabajador sin aumentar la carga prestacional. De igual forma, una revisión adecuada de los esquemas de salario integral permite evitar incrementos automáticos desproporcionados y sobrecostos innecesarios, siempre garantizando el cumplimiento de los mínimos legales.
4. Optimización de las modalidades contractuales: la contratación por obra o labor determinada para proyectos específicos, se presenta como una herramienta legal que brinda mayor flexibilidad, control de costos y reducción de riesgos laborales a futuro.
“El reto para las pymes no es solo cumplir con el aumento del salario mínimo, sino hacerlo de forma estratégica. Sin una adecuada asesoría legal, este tipo de incrementos puede traducirse en informalidad, menor contratación y mayor litigiosidad laboral.” Agregó Fabio Castro, director de Cafore Abogados.
Sin duda el aumento del salario mínimo en el 2026 refleja una doble realidad: por un lado representa una mejora significativa en los ingresos económicos de millones de trabajadores, pero por otro lado, genera retos considerables para las empresas, especialmente si se tiene en cuenta que las MIPYMES generan más del 80 % del empleo privado en Colombia y representa cerca del 40% del PIB. En este contexto, la planeación legal y estratégica se convierte en un factor clave para proteger tanto el empleo formal como la sostenibilidad empresarial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de economía hoy aquí.
LO ÚLTIMO
.svg)
