El proyecto actual de reforma tributaria del Gobierno busca ampliar la base gravable, reduciendo el umbral de $ 3.585 millones a $ 1.991 millones, lo que aumentaría el número de contribuyentes y permitiría un recaudo progresivo de más de $ 2 billones anuales en los próximos cinco años.
Aunque esta medida está planteada solo para personas naturales, el Emisor recordó que en reformas pasadas, como la de 2010, se incluyeron Pymes y los efectos fueron negativos: reducción del crédito bancario, mayor dependencia del crédito comercial, pérdida de productividad y riesgo de desaparición de muchas empresas.
El informe resalta que imponer este tributo a las Pymes generaría un “shock fiscal” con consecuencias en el empleo, la inversión y la estructura de capital.
Lisandro Junco, exdirector de la Dian, dijo a La República que la medida limitaría el acceso a financiamiento barato y distorsionaría el valor real de las compañías. Por su parte, expertos como Carlos Giovanni Rodríguez advirtieron sobre la posible salida de capitales de los más ricos y un clima de incertidumbre que desincentiva la inversión formal.
El Banco de la República concluyó que revivir este gravamen para las Pymes significaría un retroceso, pues ya en el pasado demostró efectos negativos sobre la acumulación de capital, el crecimiento y el empleo.
Por qué reforma tributaria afectaría a pequeñas empresas en Colombia
La reforma tributaria en discusión en Colombia podría golpear de manera significativa a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) debido a la posible inclusión de este sector en el impuesto al patrimonio. Aunque en el proyecto actual no está previsto gravarlas directamente, la experiencia pasada demuestra que, cuando se amplía la base gravable o se reducen los umbrales, estas empresas terminan siendo arrastradas al régimen, lo que genera cargas financieras difíciles de sostener.
El Banco de la República recordó que en 2010, cuando se tomó una decisión similar, las Pymes enfrentaron restricciones de acceso al crédito, aumentaron su dependencia de financiamiento comercial costoso y, en muchos casos, vieron afectada su capacidad para mantenerse en el mercado. Al tratarse del segmento que concentra la mayor parte del tejido empresarial del país, cualquier presión fiscal extra genera un efecto en cadena sobre el empleo, la inversión y la estabilidad económica.
Otro de los riesgos es el deterioro en la productividad y la competitividad de estas compañías. Si las Pymes deben destinar parte importante de sus recursos al pago de nuevos tributos, disminuyen sus posibilidades de invertir en innovación, expansión o capacitación, lo que se traduce en un freno a su crecimiento.
Además, un impuesto al patrimonio afecta directamente la estructura de capital de las empresas, pues encarece el acceso a financiamiento formal y distorsiona el valor real de los activos. Esto termina generando un círculo vicioso: menos inversión, menos empleo y menor dinamismo en sectores que dependen de este tipo de compañías.
Expertos también advierten que, en un contexto de incertidumbre económica, medidas de este tipo pueden incentivar la fuga de capitales y reforzar la informalidad.
En conclusión, si bien la reforma busca mayor recaudo, trasladar este peso a las Pymes significaría un retroceso, poniendo en riesgo su sostenibilidad y debilitando el motor principal de la economía colombiana.
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