El gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia ha promovido la eliminación de los subsidios al diésel y al carbón, excluyendo al sector del transporte de carga. Esta medida responde a una estrategia de ajuste en la política de combustibles del país y se suma a la disminución del precio de la gasolina en 500 pesos desde el primero de febrero del 2026, tal como lo anunció el Ministerio de Minas y Energía.
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En una publicación en redes, el jefe de estado alentó a la industria y al sector agrícola a dejar de utilizar diésel y carbón, buscando que opten por fuentes de energía más amables con el ambiente como la solar. Según datos del Runt, en Colombia 1,21 millones de vehículos utilizan diésel y de estos, 830 mil son vehículos particulares que resultarán afectados por el retiro del subsidio. Mientras que otros 443.870 corresponden a unidades de carga pesada.
El ministro Edwin Palma, apoyando dicha medida, confirmó la eliminación del subsidio para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos. Palma enfatizó en la importancia de evitar las mafias que operan en las estaciones de servicio, las cuales pueden afectar adversamente el Presupuesto General de la Nación.
Julio César Vera, el presidente de Xua Energy, defendió la decisión argumentando que equiparar los precios internos con el costo internacional es imperativo, pues los subsidios distorsionan los mercados, promueven consumos ineficientes y le cuestan al Estado unos 400 mil millones de pesos mensuales. Vera indicó “equiparar precios internos al costo internacional es necesario” y agregó que “los subsidios distorsionan los mercados, fomentan consumos ineficientes”. El también hizo hincapié en que el diésel daña la infraestructura vial y añadió que esta es la medida de transición energética más efectiva.
Por otro lado el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, coincidió con Vera en que la medida corrige distorsiones fiscales insostenibles aunque advirtió sobre los posibles inconvenientes en la implementación para vehículos específicos.
El sector agropecuario expresa su preocupación: la senadora María Fernanda Cabal argumentó que maquinarias agrícolas como tractores y cosechadoras necesitan diésel por su alto torque y por su capacidad para cubrir grandes extensiones de terreno escabroso, dificultades que no podrían ser resueltas con energía solar. La eliminación de los subsidios elevaría los costos en el agro y eso impactaría la producción agrícola local.
La política de ajuste en subsidios iniciará de manera gradual en las principales ciudades y su eliminación completa se espera en un máximo de seis meses. También se planea centrar los subsidios en el transporte público buscando equidad y eficiencia.
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