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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) han dado un paso relevante en materia de derechos laborales en Bogotá al expedir la Política para la Prevención del Acoso o presunto abuso de poder. Esta medida responde al cumplimiento del punto 13 del Acuerdo Colectivo del Sector Social Bogotá D.C -2025, lo que refuerza su naturaleza vinculante y el compromiso institucional frente a los derechos fundamentales de los trabajadores y colaboradores del sector social.
De acuerdo con la Resolución 3364 del 21 de noviembre de 2025, la nueva política está diseñada para atender, prevenir y erradicar no solo el acoso laboral y el acoso sexual en el ámbito laboral, sino también conductas que puedan constituir discriminación dentro de los organismos y entidades dependientes del sector de Integración Social. Consultar el texto de la resolución es posible a través de la plataforma institucional, lo que garantiza transparencia y acceso a la información para todos los servidores públicos y ciudadanos interesados, como se señala en la fuente oficial de la SDIS.
Este avance normativo adquiere especial relevancia en un contexto donde la construcción de ambientes laborales dignos y justos sigue siendo un desafío y una meta permanente para las entidades públicas y privadas. Según lo señalado en la comunicación institucional, el Sector Social ratifica con este acto la importancia de velar por espacios laborales respetuosos, donde se prioricen los derechos humanos y se eliminen prácticas discriminatorias, tanto explícitas como sutiles.
Al adoptar oficialmente dicha política, la SDIS y el IDIPRON establecen no solo un marco normativo de acción, sino también una muestra de compromiso ético hacia sus trabajadores. Esto implica el fortalecimiento de canales de denuncia, mayor claridad en la conducción de procesos disciplinarios y el impulso de una cultura organizacional que rechace cualquier forma de discriminación o abuso de poder, tal como se ha difundido por los organismos mencionados.
La publicación de la Resolución 3364 es, a su vez, una herramienta indispensable para que empleados y entidades cuenten con claridad sobre los procedimientos y garantías que les asisten ante situaciones de acoso o discriminación. En el mismo sentido, la facilidad de acceso a la normativa contribuye a difundir mejores prácticas y a consolidar un entorno laboral seguro para todos quienes forman parte de las instituciones adscritas al sector social. Estos desarrollos institucionales se articularon a partir de fuentes públicas citadas por la SDIS y el IDIPRON, que detallan el alcance y los objetivos de la normativa.
Ante la puesta en marcha de esta política innovadora y necesaria, cabe preguntarse:
¿Qué acciones pueden tomar los trabajadores del sector social si consideran que están siendo víctimas de acoso laboral o discriminación?
El establecimiento de la Política para la Prevención del Acoso y el abuso de poder obliga a las entidades a ofrecer canales de denuncia efectivos y transparentes, así como a proteger a quienes denuncian frente a posibles represalias. La pregunta por las acciones disponibles es relevante porque aborda el punto central de la defensa de los derechos laborales; además, permite que los afectados conozcan y confíen en los mecanismos institucionales. Este conocimiento es indispensable en la promoción de ambientes dignos, pues fortalece la corresponsabilidad entre los empleados y las entidades del sector social, generando confianza y fomentando el respeto por los derechos humanos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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