En una decisiones que marca un hito en la protección animal en Colombia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha establecido nuevas condiciones laborales para los perros que presten servicio en seguridad privada. A través de una reciente resolución, las jornadas laborales de estos caninos han sido limitadas entre 6 y 8 horas diarias según su función específica, acorde con la Ley Lorenzo o Ley 2454 de 2025, y con el propósito de garantizar su bienestar, según informó Blu Radio.
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“Antes, se documentaron casos de perros trabajando días enteros sin descanso ni control sanitario adecuado, lo cual la nueva resolución busca corregir”, dijo Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada en la citada emisora. Así, la norma establece una jornada máxima de 6 horas para los perros dedicados a detección de sustancias, como los narcóticos y explosivos, y de 8 horas diarias para aquellos enfaocados a defensa controlada o acompañamiento.
Además de la limitación de jornada laboral, las empresas que utilicen perros en seguridad deberán renovar anualmente sus autorizaciones, presentando certificados que validen la salud, entrenamiento y aptitud de los animales, de acuerdo con la cadena radial.
La resolución surge tras distintos sucesos que han cuestionado las condiciones laborales de estos animales. En 2023, se presentó la muerte de ‘Limonar’, un perro de seguridad privada encontrado asfixiado en Fontibón. Dicha tragedia evidenció la urgente necesidad de una regulación en esta área, según el informe periodístico.
Con la aprobación de la Ley Lorenzo en el 2025, en homenaje a Lorenzo, un perro que sufrió maltrato en el 2022, se buscó establecer un marco legal para proteger el bienestar de estos caninos durante su servicio y tras su retiro. Las empresas deberán ahora llevar un registro detallado de las horas de servicio de cada perro y de sus condiciones de vida, siendo estos registros sujetos a inspecciones periódicas de la Superintendencia.
La norma recién citada también establece que las empresas deben tener un plan para el retiro responsable de los perros y garantías financieras que aseguren su bienestar una vez terminen sus labores. El superintendente Álvarez subrayó que el objetivo a largo plazo es avanzar hacia la sustitución tecnológica de la función que actualmente desempeñan los perros en la seguridad privada, pero en el transcurso de este tránsito, la prioridad es garantizar condiciones dignas para ellos.
La nueva normativa regula únicamente a empresas de seguridad privada, pues los perros utilizados por la Policía o el Ejército cuentan con programas especializados de bienestar y entrenamiento.
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