Una de las preocupaciones de muchos padres de familia alrededor del mundo es que sus hijos dejen de utilizar dispositivos móviles por la noche para que logren conciliar el sueño a las horas adecuadas, pues el largo tiempo que pasan revisando las redes sociales provoca que se queden hasta altas horas de la madrugada navegando por diferentes plataformas.
Por tal motivo, un hombre habitante de la localidad de Messanges, municipio ubicado al sur de Francia a unos 75 kilómetros de la frontera con España, quiso tomar medidas al respecto y decidió comprar un inhibidor de ondas multibanda, con el que bloquearía la señal WiFi y los datos móviles.
Durante varios días, el sujeto puso a funcionar el aparato y lo conectó todas las noches de 12 a 3 de la madrugada. Sin embargo, lo que no sabía era que, además de bloquearles la señal a sus hijos, le impidió el acceso a Internet a su pueblo. Así lo confirmó la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR por sus siglas en francés).
De acuerdo con lo reportado por la entidad, el hombre no tenía conocimiento de la potencia real que tenía el dispositivo que había comprado. El uso de este inhibidor de frecuencia fue detectado por una de las operadoras móviles que ofrece servicios en la zona, la cual se percató de que algo estaba interfiriendo con sus antenas desde la medianoche hasta las 3:00 de la mañana.
Es por esto que enviaron un equipo técnico, totalmente dotado, que tendría la función de detectar ondas hostiles. Fue así como lograron identificar con bastante rapidez que la causa del problema era un inhibidor de frecuencia ubicado en una casa del municipio.
Al cuestionar al dueño de la casa, este reconoció que estaba usando un inhibidor de frecuencias para que sus hijos no tuvieran acceso a la red por la noche. No obstante, desconocía que el uso de ese tipo de dispositivos por particulares es ilegal en muchos países, incluido Francia.
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Finalmente, la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia inició acciones legales contra este hombre, que ahora se enfrenta a una pena de hasta seis meses de cárcel y a una multa de hasta 30.000 euros (unos 130.000.000 de pesos colombianos). Además, también tendrá que pagar 450 euros (cerca de 2.000.000) por los gastos derivados de la investigación.
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