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Valledupar dará un importante paso en materia de seguridad vial a partir de octubre, con la puesta en funcionamiento de 15 cámaras de fotomultas. Estos dispositivos, denominados Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Tecnológicos (SAST), permanecerán activos durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Su objetivo principal será detectar varias infracciones de tránsito, entre ellas el exceso de velocidad y el irrespeto a los semáforos en rojo, conforme lo establece la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. En lugar de imponer sanciones inmediatas, las cámaras capturan evidencia fotográfica y datos esenciales, los cuales posteriormente son evaluados bajo el Código Nacional de Tránsito para determinar si procede una multa.
La implementación de estos sistemas automatizados plantea un avance significativo en la modernización de la gestión vial en Colombia. Según reportes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia y estudios de la Universidad Nacional, otras ciudades como Bogotá y Medellín han experimentado una disminución en los siniestros viales tras la adopción de tecnología similar. Este éxito inicial en el control del tránsito y la reducción de accidentes respalda la decisión de Valledupar, alineándose con las directrices nacionales y las recomendaciones de organismos expertos en la materia.
El sistema de cámaras registrará cerca de diez tipos de infracciones, incluyendo estacionar en zonas prohibidas, invadir la cebra peatonal, sobrepasar los límites de velocidad y otros comportamientos peligrosos o irrespetuosos con las normas. Las multas, en función de la gravedad de la infracción, varían entre $60.054 y $1.207.762. Además, se ofrece a los ciudadanos mecanismos para impugnar la sanción en un plazo de once días hábiles y la opción de obtener un descuento del 50% si se asiste prontamente a un curso pedagógico sobre normas de tránsito. El monto del descuento disminuye si la capacitación se toma entre los días doce y veintiséis posteriores a la notificación, con el fin de promover la educación vial junto a la sanción.
La ubicación de cada cámara se basa en la Resolución 225 de 2025, priorizando puntos de alta congestión y siniestralidad. Como medida de transparencia, la normativa obliga a instalar señalización visible entre 100 y 300 metros antes de cada dispositivo, brindando información clara sobre la detección electrónica y restricciones vigentes, para así respetar el debido proceso y evitar arbitrariedades.
La decisión de incorporar tecnología para el control vial responde también a una tendencia regional observada en América Latina, conforme a análisis del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Se ha constatado que factores como la transparencia en la operación del sistema, la posibilidad real de impugnar y la educación constante al ciudadano contribuyen decisivamente a la aceptación y legitimidad de estas medidas. Un informe reciente subraya la importancia de informar eficazmente a la población sobre el alcance y los beneficios del sistema, aspecto que incide directamente en la percepción positiva y la reducción de la resistencia social.
De acuerdo con lineamientos del Ministerio de Transporte, el plan de Valledupar integra garantías procesales fundamentales, como plazos claros para la notificación de las multas y rutas formales de atención a reclamaciones, incluyendo la opción de acudir ante la Superintendencia de Transporte. De esta manera, se busca asegurar la confianza ciudadana en el sistema y fortalecer la legalidad y el respeto por los derechos individuales al tiempo que se mejora la seguridad en las vías públicas.
¿Cómo se escoge la ubicación de las cámaras de fotomultas? La determinación de los puntos donde se instalan estos sistemas está respaldada por la Resolución 225 de 2025 y responde a estudios de movilidad local, priorizando los lugares con mayor índice de accidentes y congestión. Esto permite enfocar los esfuerzos de prevención en las áreas donde el impacto puede ser más notorio, contribuyendo así a reducir la siniestralidad y a organizar el tránsito de manera más eficiente.
La selección de sitios específicos no solo busca sancionar conductas, sino también generar un efecto disuasivo y pedagógico, apoyado por la señalización obligatoria. Así, se favorece una cultura de respeto a las normas viales y se refuerza el carácter preventivo en vez de eminentemente sancionador del sistema de cámaras.
¿Qué es el debido proceso en el sistema de fotomultas? El debido proceso garantiza que toda sanción sea impuesta y comunicada conforme a reglas claras y tiempos definidos. Entre las garantías incluidas en este esquema de fotomultas figuran la notificación oportuna del comparendo, la posibilidad de impugnar la decisión ante autoridades competentes dentro de plazos establecidos y el acceso a descuentos mediante cursos pedagógicos.
Esta protección busca asegurar que ningún ciudadano sea sancionado de manera arbitraria ni sin previo conocimiento, dando lugar a instancias de defensa e incluso supervisión superior, como la Superintendencia de Transporte. Así, el sistema procura equilibrio entre la eficacia en la gestión vial y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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