El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Rodrigo Londoño, conocido como alias "Timochenko", volvió a ser noticia tras circular una fotografía suya portando casco blanco, guantes amarillos y machete. La imagen da cuenta del inicio del cumplimiento de la sentencia impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los miembros del último secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por más de 21.000 secuestros. Desde el lunes 21 de septiembre, los comparecientes comenzaron labores manuales en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito (Huila), orientadas a recuperar cuerpos de personas no identificadas y a fortalecer la memoria histórica, según lo reportó El Espectador.
Además de Londoño, en el cementerio están Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, todos exintegrantes del secretariado de las Farc. De acuerdo con la JEP, estas actividades se acompañan de restricciones de derechos y libertades para los comparecientes, así como controles y monitoreo permanente durante un periodo máximo de ocho años. El objetivo, según la entidad, es avanzar en acciones de restauración para las víctimas de violencia.
En Huila, la intervención está programada hasta el 30 de septiembre de 2026. La JEP explicó que esta labor también incluye la participación de máximos responsables de la Fuerza Pública implicados en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, así como de exmiembros del Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc-EP involucrados en casos de secuestro. No obstante, algunas víctimas expresaron descontento ante El Espectador al no sentirse representadas ni consultadas para definir los lineamientos de la actividad. Dudan, además, de que los cuerpos eventualmente encontrados sean de desaparecidos por las Farc, y algunas víctimas acreditadas insisten en que no se las incluyó en los acuerdos para las sanciones impuestas.
Por su parte, la JEP aseguró haber construido el proyecto en conjunto con las víctimas y sus representantes. Sin embargo, diversas fuentes locales destacan el temor existente en la comunidad de Pitalito, la falta de consulta previa y el sentimiento de exclusión. En este contexto, una víctima acreditada aclaró que su inconformidad no es rechazo a la justicia restaurativa, sino a no haber sido parte activa en la definición de esta medida.
La entidad precisó que la elección del cementerio responde a criterios técnicos y restaurativos, y que los comparecientes están obligados a cumplir estrictos horarios, permisos y monitoreo electrónico. Actualmente, la JEP reconoce 14 personas secuestradas por las Farc, y aún desaparecidas en Huila; 60 víctimas de secuestro están acreditadas ante el Caso 01, y en el Subcaso Huila del Caso 03, por desapariciones y asesinatos, hay 434 víctimas registradas. En intervenciones previas en el cementerio de Pitalito, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha recuperado 54 cuerpos no identificados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué medidas de justicia restaurativa impuso la JEP a excomandantes de las Farc en Huila?
La Jurisdicción Especial para la Paz determinó que los siete exintegrantes del secretariado de las Farc deben realizar trabajos manuales en el cementerio de San Antonio de Padua, enfocados en la recuperación de cuerpos no identificados y la construcción de memoria histórica, bajo restricción de sus derechos, monitoreo permanente y estrictos horarios, durante un periodo de hasta ocho años.
¿Qué opinan las víctimas sobre la intervención del cementerio de Pitalito en cumplimiento de la sentencia de la JEP?
Algunas víctimas expresaron su inconformidad ante el hecho de no haber sido consultadas para definir la actividad y cuestionan la legitimidad de la presencia de antiguos jefes guerrilleros en un espacio de alto significado simbólico. Si bien no rechazan la justicia restaurativa, sí reclaman mayor inclusión y participación real en las decisiones que afectan el proceso de reparación y memoria.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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