Las tarifas de energía han sido un tema de discusión álgido en los últimos meses y ha sido necesario involucrar a varios sectores para encontrar una solución, pues para muchos ciudadanos los recibos ya se volvieron impagables.
El Congreso radicó un proyecto de ley para buscar una reducción de tarifas, el Gobierno ha tenido reuniones con diferentes actores, los mismos gobernadores y gremios de la región Caribe conformaron una comisión para proponer medidas, pero todo sigue en conversaciones y los ciudadanos siguen sin una respuesta que refleje alivio para sus bolsillos.
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Sin embargo, podría estar cerca de conocerse la primera persona que responda penalmente por los hechos, si es que prospera una denuncia que ya se interpuso contra el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Ómar Prias —nombrado en noviembre pasado por el mismo Gustavo Petro—.
La acción la interpuso el abogado Mauricio Pava Lugo como representante legal del Gremio de Comercializadores Distribuidores Sin Generación Despachada Centralmente (Codisgen). Dichas empresas decidieron denunciar a Prias por prevaricato por omisión al considerar que “no actuó a tiempo para corregir la crisis de las empresas” y por eso puso “en riesgo la prestación del servicio de energía en varios departamentos del país”, según un comunicado de ese gremio.
Codisgen afirma que “desde hace más de un año advirtieron sobre las graves consecuencias de aplicar un control de precios en la liquidez de las empresas comercializadoras” de energía y adelantaron diferentes reuniones de las que salieron recomendaciones que, dicen, la CREG no tuvo en cuenta para “controlar el riesgo inminente”.
Las empresas de energía, además, señalan que advirtieron desde junio de 2023 que “controlar precios, pero no controlar gastos” era una bomba de tiempo que podría conllevar a la “quiebra de 6 empresas públicas comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica”.
La información agrega que, ante eso, el director Prias no tomó medidas que “compensaran las dificultades de caja y liquidez de las comercializadoras de energía eléctrica” que “financieron en 5 billones de pesos a los usuarios”.
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Así lo detalló el abogado Pava Lugo la competencia que, consideran sus representados, recae sobre Prias:
“Debe evaluarse la eventual responsabilidad penal del director de la CREG porque su conducta e incumplimiento de la función que le fue asignada provocó que miles de usuarios tengan que escoger entre comer o pagar luz. En Colombia se debe castigar con dureza que los funcionarios no cumplan con sus funciones, eso atenta contra la administración pública y son omisiones que causan daños sociales a la comunidad y sin duda quiebran a las empresas que prestan los servicios“.
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