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Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por Santiago Buenaventura   Sep 3, 2025 - 3:14 pm
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La situación judicial de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, atraviesa un momento crítico. El pasado lunes primero de septiembre, la Fiscalía General de la Nación presentó en su contra una acusación formal por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, dentro del proceso que investiga el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Ese mismo día, al término de la audiencia de acusación, su abogado Oswaldo Medina anunció su renuncia a la defensa. El jurista explicó que la decisión se tomó en buenos términos y como una oportunidad para que la procesada cuente con una nueva estrategia legal.

“Concluida la audiencia de acusación, consideré que es bueno que el proceso que se sigue contra ella tenga nuevas ideas. Quedamos en buenos términos, y espero que pueda salir adelante”, señaló Medina.

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De esta manera, Ortiz deberá designar un nuevo abogado que asuma su defensa en un caso que se perfila como uno de los más relevantes dentro de la investigación por corrupción en el manejo de recursos destinados a la atención de emergencias en el país.

Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía advirtió que la exfuncionaria usó vehículos oficiales para transportar los dineros –que en principio gestionaron los exdirectivos de la UNGRD– y que luego terminaron siendo usados para pagar sobornos a congresistas.

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El dosier construido por la Fiscalía indica que el 12 de octubre de 2023 la exfuncionaria recibió en un apartamento en el centro de Bogotá a Olmedo López y a Sneyder Pinilla. Durante ese encuentro, los exdirectivos de la UNGRD le entregaron a Ortiz una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo.

Ella, posteriormente, se llevó el dinero en un vehículo oficial con rumbo al norte de la capital. Se reunió con Iván Name, para entonces presidente del Senado, y le habría hecho entrega del soborno.

“Al día siguiente, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”, apuntó la Fiscalía.

Sandra Ortiz permanece privada de la libertad desde diciembre de 2024. Durante este tiempo ha sostenido múltiples intentos de negociación con la Fiscalía, pero ninguno ha prosperado hasta el momento.

Ortiz es, hasta ahora, la única mujer de alto perfil del gobierno Petro procesada por el escándalo de la UNGRD. En un primer momento, tras ser vinculada, negó su participación en los hechos y aseguró ser víctima de persecución política. Sin embargo, ya detenida, cambió su versión y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.

De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, las conversaciones para lograr un acuerdo judicial han fracasado debido a la falta de voluntad de la Fiscalía para avanzar hacia una salida negociada. Según la misma fuente, la renuencia del ente acusador obedece a la relevancia de Ortiz como testigo, pues sus declaraciones podrían comprometer a altos funcionarios cercanos al Gobierno Nacional.

Las fuentes sostienen que la Fiscalía busca limitar un acuerdo que permita acceder a la justicia penal porque ello abriría la puerta a revelar información sensible sobre responsabilidades más amplias en el saqueo. “Pareciera que no se quiere que se conozca toda la verdad ni que se sancione a todos los responsables”.

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