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El departamento de Risaralda se encuentra en alerta máxima debido al riesgo creciente de que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, expanda su presencia desde la región de Chocó, según información de El Diario. Las operaciones militares y de seguridad se concentran especialmente en localidades como Pueblo Rico, el corregimiento de Santa Cecilia y el corredor estratégico hacia Puente Guarato. La finalidad es evitar que estructuras armadas levanten campamentos o utilicen a Risaralda como un corredor tras los recientes ataques y enfrentamientos registrados en la zona.
De acuerdo con fuentes civiles y militares, las medidas incluyen patrullajes, reconocimientos, puestos de control y vigilancia en las áreas limítrofes con Chocó. El Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo lidera estas operaciones, con el objetivo de impedir que el ELN consolide una presencia permanente, como lo expresó Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda. Aunque por ahora se habla de una intención y no de un control formal sobre el territorio, las autoridades insisten en el carácter preventivo de estos esfuerzos para cerrar posibles rutas de ingreso de actores armados.
Esta situación se remonta a 2025, cuando la Defensoría del Pueblo ya había advertido del peligro de una presencia campamentaria del ELN, especialmente en los límites con Chocó. Además, durante enero de 2026 se reportaron nuevas alertas sobre áreas de riesgo extremo como Pueblo Rico y Mistrató, ubicadas en rutas en disputa entre diferentes estructuras ilegales.
La crisis se agravó el 31 de julio, cuando tropas del Batallón San Mateo fueron objeto de un ataque con explosivos lanzados desde drones en la vereda El Pital, resultando heridos un suboficial y dos soldados profesionales. Según reportó el propio Ejército, el ataque se atribuyó al Frente Manuel Hernández El Boche del ELN y, afortunadamente, los uniformados sobrevivieron. Además, la Fuerza Pública ha enfrentado la presencia de minas antipersonal, como la destruida el 27 de julio en la vereda Agüita, cerca del resguardo Embera Chamí y de zonas escolares.
La Octava Brigada también movilizó a más de 100 militares en el sector Pueblo Rico–Santa Cecilia–Puente Guarato, coordinando acciones con unidades en Chocó. El objetivo es garantizar la seguridad sobre la vía Panamericana y rutas rurales claves. La violencia ha afectado gravemente la movilidad y el transporte entre Risaralda y Chocó, registrándose enfrentamientos, vehículos incinerados, bloqueos y denuncias de intimidaciones y extorsión hacia transportadores. De acuerdo con la Gobernación, se mantendrá la colaboración entre Ejército y Policía, haciendo un llamado a las comunidades para que denuncien movimientos extraños por vías oficiales, priorizando su seguridad y evitando la confrontación directa. Por ahora, el control territorial y la protección de indígenas, afrodescendientes y campesinos es la máxima prioridad en la frontera con Chocó.
¿Por qué el ELN busca expandirse hacia Risaralda desde Chocó?
Según las advertencias recogidas por la Defensoría del Pueblo y lo informado por El Diario, el ELN intenta ampliar su influencia hacia Risaralda aprovechando los corredores limítrofes con Chocó. El objetivo principal de estas estructuras armadas es utilizar nuevas rutas tanto para la instalación de campamentos como para el abastecimiento y movilidad, en medio de la disputa territorial que se vive en el occidente risaraldense.
¿Cómo impactan los ataques y minas antipersonal a la comunidad local en Risaralda?
De acuerdo con los reportes considerados en el informe, los ataques recientes, como el uso de explosivos desde drones y la instalación de minas antipersonal, han elevado el riesgo para soldados y población civil. Estos artefactos afectan gravemente la seguridad de las comunidades, especialmente estudiantes y habitantes de zonas rurales, obligando a las autoridades a fortalecer las medidas de protección y a las familias a extremar precauciones en sus desplazamientos cotidianos.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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