En primer lugar, Moreno aseguró que estaba próximo a vencerse su principio de oportunidad y que si eso ocurría, las declaraciones que ya ha dado a las autoridades no podrían ser usadas contra personas que ya han sido detenidas por ese escándalo.
Por eso, su abogado solicitó “que se pida con suficiente antelación la audiencia ante un juez de garantías, dado que el principio de oportunidad en la modalidad de suspensión de la acción penal (…) fue por un año (…) ocurrido el 17 de mayo de 2018”, dice el documento, citado por RCN Radio.
Sin embargo, la Fiscalía respondió que el pasado 9 de abril el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó “dentro del término previsto” la prórroga del principio de oportunidad con los mecanismos adecuados y que será la justicia la que decidirá si se continúa con la colaboración de Moreno, señaló Caracol Radio.
Además, ante la impunidad que, según Moreno, representaría que deje de colaborar, la Comisión de Acusación de la Cámara señaló que este caso no prescribe. El representante investigador Edward Rodríguez afirmó en RCN Radio:
“El fiscal Gustavo Moreno hace una petición cuyo ente competente es el Fiscal General de la Nación y ante la Comisión de Acusación no hay peligro de ninguna prescripción porque los testimonios han sido tomados conforme a las leyes vigentes guardando todas las garantías procesales”.
El congresista señaló que el proceso contra el exmagistrado Leonidas Bustos está activo y podría resolverse en los próximos días.
Sin embargo, en cuanto al también exmagistrado Francisco Ricaurte el proceso sí podría retardarse porque su defensa ya radicó una solicitud de libertad por vencimiento de términos, indicó esa misma emisora. La Fiscalía, por su parte, responderá que los abogados han ejecutado varias maniobras dilatorias que han retrasado las audiencias.
Entre tanto, la audiencia del exmagistrado Gustavo Malo, también involucrado en el escándalo de corrupción judicial, quedó programada para el próximo 15 de mayo ante la Corte Suprema. En esa diligencia, la Fiscalía y la defensa definirán qué pruebas entran formalmente en el juicio, explicó El Espectador.
Cabe recordar que el escándalo del ‘Cartel de la Toga’ explotó en junio de 2017 con la captura del exfiscal anticorrupción Moreno, acusado de trabajar en conjunto con varios magistrados para fallar a favor de los congresistas investigados por ese alto tribunal.
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