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La decisión de fondo sobre la reforma pensional que analiza la Corte Constitucional vuelve a postergarse. El magistrado ponente del caso, Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para continuar con el estudio del expediente.
(En contexto: Presidencia recusa, otra vez, al magistrado Ibáñez, pero ahora para que no participe en el debate de la reforma pensional)
Según se conoció, este impedimento, que deberá ser evaluado por los demás integrantes de la Sala Plena, tendría altas probabilidades de prosperar.
Si es aceptado, el alto tribunal tendrá que designar a un nuevo magistrado ponente, lo que obligaría a retomar parte del análisis jurídico de la reforma y, por tanto, extender aún más los tiempos.
El pasado 26 de enero, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República presentó una recusación contra el magistrado Ibáñez para que se apartara de la discusión sobre la reforma pensional.
La solicitud se sustentó en una entrevista concedida por el togado a un medio de comunicación, en la que, según el documento, hizo referencia a su posición frente al tema.
De acuerdo con la Presidencia, esas declaraciones configuran un posible prejuzgamiento que, además de estar prohibido, afecta el ambiente de la deliberación, especialmente por tratarse del magistrado ponente del caso.
“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre varios temas, como la reforma pensional, liderada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro”, señaló la recusación.
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Tras esta actuación, y mediante un documento de cinco páginas, el magistrado Ibáñez manifestó ante la Sala Plena de la Corte Constitucional su impedimento para continuar como ponente en el proceso que estudia la reforma pensional.
El magistrado, quien además ha presentado en tres ocasiones ponencias que proponían declarar inexequible la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro, explicó que en la entrevista pudo haber realizado comentarios relacionados con el proceso, lo que eventualmente podría constituir una causal suficiente para que la Sala Plena lo aparte del debate.
En el escrito, Ibáñez indicó que corresponde a sus compañeros determinar si incurrió en la causal de impedimento consistente en “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”.
Asimismo, sostuvo que concedió la entrevista en ejercicio de sus funciones como presidente de la Corte, en medio de la alta mediatización del caso y tras la filtración de su ponencia —que proponía tumbar la reforma—, situación por la cual ya había sido recusado hace tres meses.
“En efecto, el trámite del Expediente D-15.989 ha sido objeto de una cobertura mediática intensa y sostenida, en cuyo desarrollo se ha divulgado públicamente, sin intervención de mi Despacho, tanto el sentido de los proyectos de fallo que presenté a la Sala Plena como el resultado de las deliberaciones que sobre ellos se han surtido”, se lee en el documento.
La decisión que adopte la Corte Constitucional se perfila como la más relevante para el legado del Gobierno Petro. En juego está si la reforma supera definitivamente el examen del alto tribunal o si debe regresar al Congreso para corregir eventuales vicios en su trámite.
Si la Corte determina que el proyecto debe volver al Legislativo, la Cámara de Representantes tendría que debatirlo nuevamente y, una vez surtido ese proceso, remitirlo otra vez al tribunal constitucional para que verifique si el procedimiento se ajustó a la ley.
En cambio, si la reforma supera el análisis actual, la norma entraría en vigor y la Corte concentraría su estudio en los artículos que han sido demandados, definiendo de fondo su constitucionalidad.
De esta decisión depende no solo la implementación del nuevo sistema pensional, sino también uno de los pilares centrales de la agenda de reformas del Gobierno.
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