El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
La Contraloría General de la República publicó recientemente un exhaustivo análisis técnico sobre el proyecto de decreto formulado por el Ministerio de Hacienda, que propone una disminución significativa en el límite de inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones obligatorios, administrados actualmente por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Este cambio normativo podría tener un efecto directo sobre el valor final de las mesadas que reciben los trabajadores colombianos al momento de jubilarse: hasta un 29,5% menos, según advierte la Contraloría. Además, el organismo señala que la medida incrementaría la presión fiscal y podría poner en riesgo la estabilidad del sistema pensional, obligando al Estado a destinar mayores recursos para cumplir con el pago de las pensiones.
De acuerdo con la propuesta, el tope de inversión internacional se reduciría de manera escalonada del 49% actual al 30% en cinco años. Durante los primeros tres años, el límite sería del 35%. Según las proyecciones contenidas en el borrador del decreto y los cálculos sobre el crecimiento de los recursos bajo administración de las AFP, para 2028 el límite externo alcanzaría el 35%, lo que equivaldría a $274,2 billones, mientras que en 2030 este porcentaje bajaría al 30%, representando $306,3 billones.
Esta reducción obliga a repatriar cerca de $100,3 billones en 2028 y $177,8 billones en 2030, trasladando esos fondos hacia inversiones locales. La Contraloría advierte que esto genera retos operativos y expone tanto a los afiliados como a las finanzas públicas a riesgos notables. Un punto crítico del análisis es la falta de claridad respecto a si en Colombia existen suficientes proyectos de inversión capaces de absorber el aumento repentino de recursos destinados a inversiones nacionales, pues la participación en el país pasaría del 51% al 69%.
El estudio subraya que los rendimientos históricos de las inversiones en Colombia han sido inferiores a los obtenidos en mercados internacionales. Por ejemplo, el esquema de multifondos permitió que el fondo moderado —que mezcla activos locales y extranjeros— genere un 8,5% de rentabilidad promedio anual, mientras que el portafolio invertido exclusivamente en el ámbito local habría llegado solo al 3,8%.
Las simulaciones muestran un impacto considerable en el capital acumulado por los afiliados a las AFP: $1 millón invertido en 2011 en activos internacionales habría crecido a $3.228.356 (8,5% anual de rentabilidad), frente a $1.670.363 si se hubiera invertido solo en Colombia (6,8% promedio). Esta diferencia sugiere que el trabajador podría recibir casi un tercio menos de ahorro pensional al jubilarse.
De acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera, los cuatro fondos del régimen de ahorro individual con solidaridad reportaban en diciembre de 2025 un acumulado de $529,1 billones y un rendimiento promedio del 6,43% en los últimos cuatro años. En el caso de que se repatríen $177,8 billones en cinco años, se proyecta que se pierda un 3,7% de rentabilidad, equivalente a $3,2 billones menos en las cuentas individuales de los afiliados.
La Contraloría resalta que limitar la diversificación internacional podría reducir la rentabilidad ajustada por riesgo, afectando el ahorro de millones de colombianos. El análisis también observa que una reasignación de recursos basada en necesidades fiscales, en vez de criterios técnicos, pondría en entredicho el crecimiento sostenible de los ahorros pensionales a largo plazo.
En el contexto de la reforma pensional establecida en la Ley 2381 de 2024, actualmente en revisión por la Corte Constitucional, el informe indica que a partir de 2037 disminuirá el número de afiliados activos, mientras que la población pensionada aumentará. Una menor transferencia de recursos de las AFP, derivada de una baja rentabilidad, incrementaría el déficit actuarial y exigiría un mayor esfuerzo fiscal del Estado para garantizar el pago de pensiones, especialmente entre 2037 y 2052. Ante este panorama, la Contraloría hace un llamado para priorizar la protección del ahorro pensional, la sostenibilidad del sistema y el interés de los afiliados como fundamentos clave de la confianza pública en el sistema de pensiones.
¿Qué implica la reducción de rentabilidad ajustada por riesgo para los afiliados? Este concepto hace referencia al equilibrio entre el rendimiento que obtienen las inversiones y la volatilidad o fluctuaciones que se presentan en el proceso. Limitar la diversificación internacional significa que los portafolios estarán más expuestos a los riesgos económicos internos, lo que puede traducirse en menores rendimientos y mayor vulnerabilidad de los ahorros. Por esta razón, la rentabilidad ajustada por riesgo es clave para asegurar que los ahorros pensionales no solo crezcan, sino que estén protegidos frente a eventos adversos en el mercado local.
En este contexto, vale la pena preguntarse cómo impactará esta reforma al futuro de los trabajadores más jóvenes, quienes estarán más expuestos a los ciclos económicos locales durante su vida laboral y luego durante su etapa de retiro. ¿Podrán acceder a una pensión suficiente con las nuevas reglas propuestas?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
