A pocos días de que entre en vigencia la Ley de Garantías, que impone restricciones a la contratación y a los movimientos de personal en entidades estatales durante periodos preelectorales, se firmaron contratos por 609.194’826.576 pesos en entidades adscritas al Gobierno nacional, según reveló el diario El Tiempo.
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De acuerdo con la información citada por ese medio, los contratos fueron suscritos entre el 1 de enero y el 26 de enero de 2026, a la medianoche, es decir, justo antes de que comiencen a regir las limitaciones que trae la Ley de Garantías, la cual entra en vigencia este 31 de enero, en el marco del calendario electoral de las elecciones presidenciales de 2026.
La Ley de Garantías establece límites a la contratación estatal y restringe los movimientos de personal en las entidades públicas, con el objetivo de evitar que estos procesos incidan en el escenario político durante la etapa preelectoral.
Contratación masiva en el Ministerio del Interior
Este contexto coincide con decisiones recientes del Gobierno, como la firma de los decretos 0019 y 0020, mediante los cuales el ministro del Interior, Armando Benedetti, amplió la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) hasta 6.870 cargos, según informó la mencionada emisora.
Los decretos contemplan la creación de 6.870 empleos en la planta permanente, incluidos 1.170 cargos que ya habían sido establecidos previamente como planta temporal, una medida que desató alertas desde sectores sindicales por el momento en el que se adopta, justo en la antesala de las restricciones que impone la Ley de Garantías.
Desde el sindicato Analtraseg, su presidente Giovanny Gallo advirtió que existen vacíos en los mecanismos de vinculación y cuestionó la forma en que se daría el ingreso del nuevo personal, al señalar que no habría concursos abiertos ni cerrados, y que no se estaría priorizando a trabajadores con varios años de experiencia en el programa de protección, según declaraciones recogidas por Caracol Radio.
En ese sentido, el dirigente sindical pidió la intervención de los entes de control, al considerar que las decisiones adoptadas en los días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías podrían tener impactos laborales y operativos, especialmente en una entidad encargada de la protección de personas en riesgo.
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