El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, envió recientemente una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) en la que advierte sobre los riesgos asociados a una propuesta legislativa que plantea recortar hasta 100.000 millones de pesos colombianos del presupuesto de la entidad. Según el documento dirigido a los fiscales adjuntos Nazhat Shameen Khan y Mame Mandiaye Niang, se solicita un respaldo a la independencia tanto fiscal como judicial de la JEP, entidad creada en el marco del proceso de paz firmado en La Habana.
La iniciativa de recorte fue presentada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, en el contexto de las discusiones sobre el Presupuesto General de 2027 en el Congreso de Colombia. La propuesta plantea trasladar los recursos recortados al Consejo Superior de la Judicatura, medida que recibió el apoyo público del presidente Abelardo de la Espriella. En sus redes sociales, De la Espriella manifestó: "publíquese y cúmplase".
Ramelli advirtió en su misiva que este recorte presupuestal no solo afectaría la autonomía y la independencia judicial de la JEP, sino que también pondría en peligro las garantías ofrecidas a las víctimas y las personas que comparecen ante esta jurisdicción. Además, resaltó que, de aprobarse la medida, se estaría incumpliendo el Acuerdo de Cooperación firmado entre el Gobierno de Colombia y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el 28 de octubre de 2021.
Según detalló el presidente de la JEP, el recorte equivaldría aproximadamente al 62 % de los recursos previstos para la adquisición de bienes y servicios en el presupuesto, mientras que la jurisdicción ya enfrenta una desfinanciación acumulada de 84.663 millones de pesos colombianos. De concretarse el recorte, se verían vulnerados componentes esenciales para el funcionamiento del sistema de justicia transicional, en particular los destinados a la protección de víctimas, testigos y operadores judiciales, incluyendo 62.478 millones de pesos actualmente dedicados a convenios con la Unidad Nacional de Protección.
La carta también señala posibles afectaciones en áreas como arrendamientos, servicios públicos, mantenimiento y además un impacto superior al 40 % en los fondos del Datacenter y la interoperabilidad del sistema judicial, lo que comprometería la seguridad y la operación digital de los macrocasos de la JEP. Así mismo, Ramelli expuso su preocupación por una propuesta de reforma constitucional que busca someter las sentencias de la JEP a revisión automática por la Justicia Penal Militar, situación que, de acuerdo con la comunicación oficial, debilitaría la autonomía de la entidad e iría en contravía de los acuerdos internacionales de Colombia.
¿Qué implica el recorte presupuestal propuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?
El recorte planteado, de hasta 100.000 millones de pesos, afectaría directamente la capacidad de la JEP para proteger a víctimas y testigos, mantener operaciones básicas y resguardar información confidencial, lo que pondría en riesgo el avance del proceso de paz y la garantía de justicia transicional, según explicó Alejandro Ramelli en correspondencia citada por El Espectador.
¿Qué es la Justicia Penal Militar mencionada en la carta y cómo afecta la autonomía de la JEP?
La Justicia Penal Militar es una jurisdicción especial para miembros de la Fuerza Pública. Según la carta enviada a la CPI, otorgarle el poder de revisar automáticamente las sentencias de la JEP alteraría las competencias del tribunal y disminuiría su independencia, pues introduciría la intervención de otro estamento en decisiones fundamentales de la justicia transicional.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
